Al inaugurar junto con la secretaria de Seguridad del gobierno estatal, Maribel Cervantes Guerrero, la primera Caseta de Videollamadas en el centro penitenciario de Tenango del Valle y otra en Texcoco, además de oficinas de enlace en cinco penales para privilegiar el respeto a la dignidad humana, el ombudsperson Jorge Olvera García sentenció que la ampliación del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa es contraria a convenciones y pactos internacionales, porque la función de las cárceles es rehabilitar a quienes cometen un delito para reinsertarlos a la sociedad.
Al sumarse a la preocupación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las iniciativas de senadores de la república para reformar la carta Magna, enfatizó “La conquista de los derechos humanos debe avanzar más no retroceder. La Cámara de Senadores debe velar por el respeto al principio de progresividad de los derechos contenidos en el artículo primero de nuestra constitución” y recalcó “la prisión preventiva oficiosa es de aplicabilidad excepcional “No se trata de mantener a más personas en las cárceles, la función de las cárceles es rehabilitar a quienes cometen un delito para reinsertarlos a la sociedad”.
Por su parte, la Secretaria de Seguridad estatal, Maribel Cervantes Guerrero, anunció las 12 acciones en materia de derechos humanos: fortalecer el programa de mediación, instrumentar la consulta ambulatoria, asegurar que todos los internos estén informados y conozcan su situación jurídica; instalar en todos los centros una línea telefónica directa a la Codhem; fortalecer la capacitación para servidores públicos, entre otras; ya que explicó, la esencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal derivada de la reforma constitucional, es respetar la dignidad de las personas y actuar con pleno respeto a los derechos humanos.
Ante el subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel; el encargado de la dirección general de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gabriel Hernández Bernabé; y la presidenta del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, Jacqueline García Vázquez, precisó que su objetivo es consolidar un sistema penitenciario profesional, moderno y eficaz, que tenga como base el respeto a los derechos humanos, la seguridad y reinserción social del individuo el reto es equilibrar los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) calificó a la instalación de las casetas de Videollamadas y oficinas de enlace como histórico, porque da continuidad al convenio de Colaboración firmado en marzo de 2018 con la secretaria de Seguridad y el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro; acciones en concordancia con el compromiso del ejecutivo estatal Alfredo del Mazo Maza en favor de los derechos fundamentales.
Las acciones impulsadas dijo, atienden en gran medida una de las conclusiones de las visitas del personal de la Codhem, que es la persistencia en las prácticas que acentúan la natural condición de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, que van desde la omisión de dar a conocer sus derechos y obligaciones.
“La encomienda es grande y depende de las instituciones, de los organismos públicos autónomos, de los servidores públicos y de los ciudadanos generar una conciencia que permita emancipar la discriminación, la opacidad y las malas prácticas en los Centros de Reinserción Social que precisamente deben ser eso: espacios sublimes de expresión en donde se amplíen sus posibilidades de poder alcanzar una vida justa, tolerante, libre e inclusiva”, subrayó.
Con la puesta en marcha de estas acciones, el Estado de México se marca un precedente en materia de reinserción social; «Vamos a prevenir los motines, riñas, afrentas y los delitos dentro de los penales, le apostaremos a la solución de conflictos, a la sana convivencia, exhortaremos a la comunidad a actuar con autodisciplina y pleno respeto a los derechos humanos», puntualizó.
A través de las Casetas de Videollamadas, internos y familiares podrán enlazarse directamente con un servidor público del organismo, quien escuchará y atenderá con profesionalismo y respeto sus demandas. “Los usuarios deben estar plenamente seguros de que sus llamadas serán tratadas con estricta confidencialidad”, explicó.
Las Oficinas de Derechos Humanos se ubicarán al interior de los Centros Penitenciarios de Neza-Bordo, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Santiaguito así como Texcoco, y el personal tendrá la encomienda de recibir y dar trámite a las quejas de los internos; hará visitas de inspección para informar a las autoridades del estado que guardan las instalaciones y las condiciones en las que se encuentran los internos.