“Los diputados seremos la voz de las víctimas y trabajaremos, desde el ámbito legislativo, por garantizar justicia a quienes no han sido escuchados”, sostuvo la legisladora Xóchitl Flores Jiménez, al presentar el libro ‘El juez de la víctima, por su dignificación y reparación del daño’, del abogado Gabriel Vicente Farfán Rivera.
La legisladora del Grupo Parlamentario de morena anunció que, para este propósito, buscarán trabajar de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México y que analizarán las propuestas de Farfán Rivera para presentarlas como iniciativas.
Entre éstas, la creación de una caja resarcitoria para indemnizaciones y apoyos a las víctimas de los delitos, así como de una casa de la víctima y de la figura de un juez de las víctimas facultado para resolver asuntos relacionados con la reparación del daño, compensaciones y medidas de prevención.
Su compañero de bancada, el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, advirtió que el país y el Estado de México están ‘sobrediagnosticados’ y que se necesita “humanizar la justicia”, sensibilizar a las autoridades, ser empáticos con las víctimas y actuar en favor de los afectados y de sus familias.
María Elizabeth Millán García, también de morena, coincidió en que éste es el momento de trabajar en leyes que fortalecer la justicia. “No será el fin de los problemas, pero sí el inicio de la solución”, agregó, mientras que la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer pidió el apoyo del autor para conducir el trabajo de los legisladores en materia jurídica: “Hagámoslo juntos y hagámoslo bien”, dijo.
Al profundizar en los postulados de su libro, el autor, Gabriel Vicente Farfán Rivera, afirmó que las víctimas están deseosas de una justicia verdadera que las dignifique ante los tribunales y que acudan a estos sin temor a ser desvaloradas, por lo que consideró que es el momento de resarcirles el daño causado y de que el Estado sea su defensor y les garantice seguridad y protección.
Explicó que la caja resarcitoria que propone en su texto tiene por objetivo ayudar económicamente a los afectados cuando así lo requieran, mientras que la casa de las víctimas brindaría refugio y apoyo integral, al contar con áreas psicológica, jurídica, médica y social.
Además, expuso que el juez de las víctimas cuya creación sugiere sería el responsable de calificar a las víctimas para ingresar a la casa donde serían atendidas o para que les sea otorgado el pago para la reparación del daño.
El libro aborda, además, temas como la trata de personas, pornografía infantil, acoso escolar, maltrato familiar, feminicidios y acoso sexual.
A nombre de las víctimas Farfán Rivera pidió a los diputados tomar en cuenta sus propuestas “en beneficio de una sociedad tan lastimada por la carencia de sensibilidad en la creación de normas que la han apartado de una verdadera impartición de justicia” y que este trabajo sea un parteaguas para que las víctimas de delitos sean escuchadas y dignificadas.
Invitado por el autor para comentar el libro, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México y magistrado del Tribunal Contencioso del Estado de México, José Castillo Ambriz, manifestó que corresponde a la Legislatura establecer un presupuesto para que la caja resarcitoria tenga la solvencia necesaria, así como ajustar el marco legal para dar cumplimiento a la Ley General de Víctimas.
Destacó que sólo 13 de las legislaturas locales del país, es decir 40 por ciento, han armonizado sus marcos jurídicos según las reformas a la Ley General de Víctimas del 3 de enero de 2017.
Por su lado, el exprocurador de Justicia del Estado de México, Luis Rivera Montes de Oca, recordó la importancia de la reforma penal de 2008-2016, que establece como valores que se proteja al inocente, que se castigue al culpable, que se evite la impunidad y que se repare el daño a víctimas y ofendidos. Manifestó que así como el Estado de México fue la cuna de la figura de juez de ejecución de penas, se está ante la posibilidad de hacer historia al impulsar la del juez de las víctimas de los delitos.
Héctor Martínez Miranda, presidente de la Asociación de Abogados de Toluca A.C., solicitó a la Legislatura que sean tomadas en cuenta las propuestas del autor y que sean
instauradas y elevadas a categoría de ley: “Hoy es el momento de tomar en cuenta a la sociedad y componer el tejido social dañado. Ustedes, diputados, tienen la última palabra”.