Por Luis Ayala Ramos
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACH) cerraron los accesos a la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), en protesta por la reinstalación de un funcionario señalado de acosador sexual.
El Secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato, Octavio Altamirano Contreras, denunció que hubo imposición por parte de la administración Central, para colocar nuevamente a Gerardo Escobar como encargado de la Jefatura de Servicios Escolares, a pesar de que fue acusado de ser «responsable de actitudes sexuales indebidas».
«fue rescindido por el Departamento Jurídico por la colocación de cámaras en el interior del sanitario que era utilizado por alumnas, profesoras y trabajadoras administrativas, acto que fue descubierto y denunciado debido a la afectación psicológica, física y moral de las mujeres violentadas», explicó Octavio Altamirano.
Por ello, «el STUACH levanta la voz y nos manifestamos en los accesos principales de la universidad Autónoma Chapingo, denunciamos públicamente estos hechos de imposición».
De esta reinstalación hacen responsable directamente al rector José Solís y al director general académico, Gustavo Almaguer Vargas.
Aunque el STUACH reconoció que también hubo responsabilidad del área jurídica de la universidad por no defender bien el caso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por lo que perdió la demanda interpuesta por Gerardo Escobar contra la Universidad Autónoma Chapingo.
El Sindicato en días pasados, se manifestó en contra de que se nombrará nuevamente a Gerardo Escobar como jefe de Servicios Escolares, incluso, la directora General de Administración, Hilda Flores Brito, se comprometió a no expedir ese nombramiento.
Sin embargo, el 11 de junio y a espaldas del STUACH y en un proceso de revisión salarial, donde se discutió esta situación, se le dio el nombramiento al presunto agresor sexual.
Entre la protesta sindical también surgió la acusación de que el director general académico, Gustavo Almaguer, tiene una deuda de un millón 700 mil pesos cuando fue subdirector de la URUSE de Tabasco, lo que es un acto ilegal, ya que para ocupar un cargo de funcionario no debe tener adeudos.