Guillermo Lasso, candidato opositor derrotado en las últimas elecciones presidenciales de Ecuador, impugnó el miércoles el resultado de los comicios y pidió un recuento total de los votos argumentando irregularidades.
El abogado de Lasso, Aparicio Caicedo, acudió personalmente al Consejo Nacional Electoral y presentó el recurso de impugnación.
Tras ello, Lasso afirmó en rueda de prensa que «hemos presentado pruebas que constan en 4.200 actas (irregulares) y eso hemos encontrado hasta ahora, por eso hemos pedido la revisión del 100% de los votos». Adujo también que las actas muestran hechos irregulares como inconsistencias entre los documentos originales y las que reposan en el órgano electoral, acreditación de sus votos al postulante oficialista y errores aritméticos.
Por ello, afirmó que exige un «nuevo escrutinio manual voto a voto de la totalidad de las urnas, porque el que nada debe nada teme».
Lasso también se refirió a los miles de ciudadanos que se han manifestado en las calles de al menos seis ciudades y precisó:
«ni los he convocado ni les he pedido que estén ahí. Son ellos, los ecuatorianos, los que se han auto convocado… Ellos quieren democracia, libertad, están cansados del abuso, del fraude, de la corrupción».
Tras la impugnación presentada el miércoles, cientos de manifestantes volvieron a reunirse cerca del Consejo Electoral para apoyar el pedido del postulante opositor. En los últimos días han ocurrido demostraciones pacíficas similares.
Mientras Lasso está empeñado en el recuento de votos, el candidato ganador, Lenín Moreno, ha empezado a asumir su papel de presidente electo y ha adelantado reuniones con indígenas y empresarios.
El miércoles temprano, Moreno se encontró con unos 60 líderes indígenas y dijo: «ustedes van a ser parte de las transformaciones que vamos a hacer; van a ser parte del gobierno». A la vez, los delegados presentes le expresaron sus demandas y entre otros asuntos mostraron interés por los dirigentes que afrontan juicios por su participación en protestas, las reivindicaciones sobre educación intercultural y el acceso a la tierra y el agua.
Humberto Cholango, dirigente de la mayor organización indígena del país, la COANIE, dijo afirmó: «no pueden seguir siendo llamados a tribunales y fiscalías nuestros compañeros (indígenas)… Queremos resolver este tema y ojalá en su administración resolver definitivamente este problema de la judicialización (de las protestas sociales)».
Varios dirigentes indígenas, así como miembros de organizaciones sociales y estudiantiles tienen procesos judiciales debido a su participación en protestas públicas. Algunos de ellos podrían afrontar penas hasta de cuatro años de prisión.
Moreno, que se moviliza en silla de ruedas desde 1998 cuando en medio de un asalto recibió un tiro en la espalda, añadió: «no quiero ser un presidente de solo una parte de los ecuatorianos, quiero ser un presidente que incluya a la CONIAE».
Fuente: apnews.com