Fortalecer la justicia con una visión de género que asegure a las mujeres una vida libre de violencia y les permita desenvolverse a plenitud, conforme a los principios de equidad y no discriminación, así como establecer disposiciones que protejan a la mujer, las niñas y a las adolescentes, son los objetivos de las iniciativas remitidas por la Diputación Permanente a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género.
En sesión de este órgano parlamentario presidido por la diputada Patricia Durán Reveles (Movimiento Ciudadano), correspondió a la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) dar lectura a la iniciativa remitida por el gobernador Eruviel Ávila Villegas para reformar, adicionar y derogar artículos de los códigos Penal y de Procedimientos Penales, ambos del Estado de México, a fin de fortalecer los órganos jurisdiccionales para que consideren condición de género y antecedentes de cualquier tipo de violencia ejercida por el sujeto activo en contra de la víctima u ofendida, al momento de emitir sus fallos.
Para avanzar en la erradicación de esta conducta, la iniciativa establece la violencia institucional, tipifica la violencia obstétrica, así como la laboral y por parentesco, entre otras conductas que dañan la autoestima, la libertad y la seguridad de las víctimas, y estas conductas se agravarán cuando el sujeto activo ejerza sobre la mujer violencia psicológica, física, patrimonial, sexual y en la comunidad.
De aprobarse en sus términos, en caso de existir antecedentes de violencia de género, el sujeto activo no tendrá acceso a los beneficios como suspensión condicionada de la condena o la libertad condicionada al sistema de localización o rastreo, al indulto, al perdón del ofendido, a las reglas generales de prescripción y a los criterios de oportunidad, a fin de evitar la reincidencia, además de que se fortalece el marco jurídico en cuanto a la reparación del daño.
Por otra parte, propone el delito de fraude familiar con el fin de que el cónyuge retome su responsabilidad.
A la diputada Bertha Padilla Chacón (PRD) le correspondió dar lectura a la iniciativa, también del gobernador Eruviel Ávila, que reforma, adiciona y deroga los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México para establecer acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión y discriminación.
Propone eliminar las figuras de emancipación, conciliación y adulterio para ejercitar la acción de nulidad o revocación, así como las dispensas por edad para casarse y la condicionante de la mayoría de edad para tramitar el divorcio; todo ello para sentar bases firmes que permitan la no repetición de conductas agresivas de género.
También prevé que en el acta de defunción se incorpore como causa de muerte la violencia familiar o de género para construir bases de datos y estadísticas que sirvan como indicadores de las problemáticas sociales, permitan su detección y atención, aunado a que propone medidas de protección y seguridad en caso de violencia familiar especialmente para las mujeres, así como las preventivas y de naturaleza civil.
Incluye en la legislación civil, los gastos de embarazo y parto en los casos de divorcio con el fin de garantizar el sano desarrollo de la persona que está por nacer y de la madre; plantea eliminar el plazo de un año para tramitar el divorcio, así como suprimir la excepción de ser hijo de matrimonio toda vez que este supuesto no puede ser acreditado hasta su nacimiento, ocasionando daños morales y sociales en la mujer.
Propone que la guardia y custodia de los hijos menores de 13 años sea a favor de la cónyuge o concubina, tomando en cuenta el interés superior de la o el menor, y que la pensión alimenticia para las hijas, hijos, cónyuge o concubina no sea inferior a 40% del sueldo del cónyuge o concubino a fin de asegurar su pleno desarrollo.