Agentes migratorios de Estados Unidos están atribuyéndose amplios poderes para ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden judicial, según un memorando interno de las autoridades migratorias obtenido por The Associated Press, lo que supone un cambio radical en las directrices de larga data para que en los allanamientos que efectúa el gobierno se respeten los límites constitucionales.
El memorando autoriza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a utilizar la fuerza para entrar a un domicilio, basándose únicamente en una orden administrativa más limitada para arrestar a alguien sobre quien pese una orden final de deportación, una medida que, según activistas, choca con las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional y anula años de consejos brindados a las comunidades migrantes.
Este cambio llega en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump ha ampliado drásticamente los arrestos migratorios en todo el país, desplegando a miles de agentes en una campaña de deportación masiva que ya está transformando las estrategias policiales en ciudades como Minneapolis.
Durante años, defensores de los inmigrantes, grupos de asistencia jurídica y gobiernos locales han instado a la gente a no abrir la puerta a los agentes de inmigración, a menos que se les muestre una orden firmada por un juez. Ese consejo se basa en fallos de la Corte Suprema que, por lo general, prohíben a las fuerzas de seguridad ingresar en un domicilio sin autorización judicial. La directriz del ICE socava directamente esa recomendación, en un momento en que los arrestos se aceleran debido a la ofensiva migratoria del gobierno.
El memorando mismo no ha sido difundido ampliamente dentro de la agencia, según la queja de un denunciante, pero su contenido se ha utilizado para capacitar a los nuevos agentes que se despliegan en ciudades y pueblos para implementar la campaña migratoria del presidente.
A los nuevos empleados del ICE, y a quienes aún están en formación, se les indica que sigan las directrices del memorando en lugar de los materiales de capacitación por escrito que, de hecho, lo contradicen, de acuerdo con la denuncia.
No está claro hasta qué punto se ha aplicado la directriz en los operativos de control migratorio. The Associated Press presenció cómo agentes del ICE derribaron la puerta principal de la casa de Garrison Gibson, un hombre de Liberia con una orden de deportación vigente desde 2023, en Minneapolis el 11 de enero, vestidos con equipo táctico pesado y con sus fusiles en posición de disparo.
Los documentos revisados por la AP revelaron que los agentes sólo contaban con una orden administrativa, lo que significa que no hubo un juez que autorizara el allanamiento en propiedad privada.
Es casi seguro que este cambio enfrentará impugnaciones legales y fuertes críticas por parte de grupos activistas, así como por gobiernos estatales y locales favorables a los migrantes, los cuales durante años han instado a la gente a no abrir sus puertas a menos que el ICE les muestre una orden judicial firmada por un juez, recomendación que ha dado frutos.
La AP obtuvo el memorando y la queja del denunciante de parte de un funcionario del Congreso, quien los compartió a condición de guardar el anonimato para poder hablar sobre documentos delicados. La AP verificó la autenticidad de los relatos de la denuncia.
El memorando, firmado por Todd Lyons, director interino del ICE, y fechado el 12 de mayo de 2025, dice: “Si bien históricamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no ha confiado solo en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico Principal del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de Estados Unidos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”.
El memorando no detalla cómo se tomó tal determinación ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.
Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, dijo a la AP en una declaración enviada por correo electrónico que todas las personas a las que el departamento notifica con una orden administrativa ya tuvieron “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.
Indicó que los funcionarios que emitieron esas órdenes también encontraron causa probable para el arresto de la persona, y que la Corte Suprema y el Congreso han “reconocido la legalidad de las órdenes administrativas en casos de control migratorio”, sin dar más detalles. McLaughlin no respondió a las preguntas sobre si agentes del ICE han ingresado al domicilio de alguna persona con base solo en una orden administrativa desde la emisión del memorando, y, de ser así, con qué frecuencia.
Con información de: proceso.com.mx