A propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, la 60 Legislatura avaló por unanimidad redefinir los conceptos de hostigamiento y acoso sexual en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
Los legisladores subrayaron la importancia de la reforma al artículo 12 de la citada ley porque abona a combatir y erradicar este tipo de conductas ilícitas en contra de las mujeres, ya que son acciones que se incrementan a diario, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sin considerar a las víctimas que no denuncian por temor a perder sus trabajos.
De esta forma, se establece que en la definición de hostigamiento sexual se incluyan las relaciones de la persona agresora con la víctima en los ámbitos laboral, docente, doméstico o en cualquier otro tipo de relación jerárquica y que se contemplen las conductas escritas, físicas o realizadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
Sobre el concepto de acoso sexual se detalla que, si bien en esta forma de violencia no existe la subordinación, sí hay un ejercicio abusivo del poder, intimidación, amenaza o insinuación sexual sin consentimiento que conlleva a la víctima a un estado de degradación o humillación (lo cual se sumaría a los estados de indefensión y riesgo ya considerados).
El dictamen de la iniciativa, elaborado por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Igualdad de Género, fue leído por la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) en sesión deliberante en formato mixto (presencial y virtual), presidida por la legisladora Montserrat Ruíz Páez (morena).
“Coincidimos con la iniciativa de decreto en el sentido de que el hostigamiento y el acoso sexual son también un tema de educación y valores; es nuestra responsabilidad como sociedad, y de cada uno de sus miembros, cuidar a nuestro hijos e inculcarles los mejores valores que podamos para disminuir estas prácticas en un futuro, ya que no respetan condición social tanto de la víctima como del agresor”, puntualiza el dictamen.
En el documento también se expone que es necesario que las autoridades competentes actúen con el rigor necesario y apliquen con puntualidad la legislación existente para garantizar mayor protección a las mujeres y favorecer el respeto y trato congruente con su dignidad humana.
“Aprovechamos este dictamen para sumarnos al atento llamado a la ciudadanía y a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender esta problemática, desplegando las acciones a nuestro alcance para esos propósitos y, en su caso particular, las de carácter legislativo que permitan contar con un basamento jurídico sólido que concurra a proteger y salvaguardar eficazmente la seguridad e integridad física, psicológica, social y familiar de la mujer”, señalan las y los diputados en el dictamen.