Derivado de reuniones de trabajo entre las áreas de auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), se conformó un listado de 547 entidades fiscalizables que, por mandato legal, están sujetas a ser verificadas y auditadas en la aplicación de los recursos públicos.
La actualización que realizó el OSFEM, tras un acuerdo emitido por la auditora superior, Miroslava Carrillo Martínez, y el Área Jurídica, incluye a los poderes públicos, organismos autónomos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y privados y demás entidades públicas que manejan recursos del estado y los municipios, siendo estas enunciativas, más no limitativas.
Dicho acuerdo sienta un precedente y tiene como propósito actualizar el catálogo que considera a los poderes Judicial y Legislativo, así como al Ejecutivo —incluye a la Gubernatura, la Secretaría Técnica de Gabinete y la Coordinación General de Comunicación Social—, 18 dependencias o secretarías y sus 91 organismos auxiliares.
Son sujetos al mismo procedimiento siete órganos autónomos y dos fideicomisos del ámbito estatal.
A nivel municipal, las entidades fiscalizables son los 125 ayuntamientos, los 125 sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 56 Organismos Operadores de Agua, 115 Institutos de Cultura Física y Deporte, así como tres institutos más de la Juventud, de la Mujer y un Organismo para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli.
El artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México indica que el OSFEM tendrá a su cargo la función de control de fiscalización y revisión del ingreso y del gasto público de las entidades fiscalizables, es decir, aquellas que hayan captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirecto con recursos públicos del Estado, municipios o, en su caso, de la Federación.
Carrillo Martínez informó que con este catálogo se busca que ninguna entidad fiscalizable que reciba o maneje recursos públicos quede fuera del cumplimiento de las obligaciones que las leyes respectivas marcan.
