Ante el hecho innegable de que la deforestación ha tenido como causa, entre otras, la tala ilegal y clandestina, la 60 Legislatura mexiquense determinó imponer de 12 hasta 20 años de prisión y de mil 500 a 3 mil días-multa a los taladores ilegales y a quienes inciten a menores de edad a cometer este delito.
Durante su primer año de gestión, la Legislatura también determinó, a iniciativa del diputado Margarito González Morales (morena), que la misma penalidad sea para los servidores públicos que autoricen cambios en el uso del suelo sobre un área natural protegida o reserva ecológica sin causa justificada establecida en la Ley General de Desarrollo Sustentable.