La Diputación Permanente emitió la declaratoria de constitucionalidad del derecho humano a la ciudad y de las reformas para fortalecer al Poder Judicial del Estado de México, una vez que fueron avaladas por la mayoría de los 125 ayuntamientos en funciones de Constituyente Permanente.
En el primer caso, queda consagrado en la Constitución local del Estado de México el derecho humano de las colectividades a la ciudad, con el propósito de lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural, inclusión social, distribución equitativa de bienes públicos y justicia territorial, buscando que los grupos vulnerables y desfavorecidos ejerzan este derecho.
Al dar lectura al decreto, la legisladora Brenda Aguilar Zamora (PRI) señaló que el derecho a la ciudad se garantizará a través de instrumentos que observen las funciones social, política, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad, determinados por ordenamientos secundarios que prevean las disposiciones para su cumplimiento.
El dictamen establece, además, que esta propuesta legislativa se inscribe en el artículo 1° de la Carta Magna, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
La reforma, que adiciona los párrafos quinto y sexto, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 5º de la Constitución local, fue impulsada por el diputado Juan Carlos Soto Ibarra.
En lo que respecta a las reformas para fortalecer al Poder Judicial del Estado de México, la diputada María de Jesús Galicia Ramos, al dar lectura a la minuta, enumeró los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia incorporados a la Constitución: haber servido como juez de primera instancia y haber sido ratificado por el Consejo de la Judicatura, o bien tener méritos profesionales y académicos reconocidos, además de haber aprobado el examen de admisión a un curso de capacitación y, una vez aprobado este, ya se tendrá derecho a presentarse al concurso de oposición.
También se establece que para el ingreso y promoción en las categorías que conforman la carrera judicial se realizarán cursos de capacitación y concursos de oposición que serán
públicos y abiertos en los que no solo podrán participar los servidores públicos del Poder Judicial, sino también otros profesionales de derecho.
Además, que los jueces de primera instancia y los titulares de los tribunales durarán en el cargo seis años, y podrán ser ratificados por el Consejo de la Judicatura al término de tal periodo y previa aprobación de los exámenes de actualización, mientras que los jueces de Cuantía Menor durarán en el cargo tres años y los jueces ejecutores de sentencias, seis años, cumpliendo con los mismos requisitos de capacitación.
Establece, además, que el Consejo de la Judicatura estará integrado por dos magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y dos jueces de Primera Instancia designados por este tribunal, quienes deberán tener cuando menos cinco años en el cargo y cumplir con los requisitos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Otro integrante del Consejo será designado por la Legislatura del estado.
Estas reformas a los artículos 91, 100, 103, 104 bis y 107 de la Constitución Política estatal fueron propuestas por los diputados Violeta Nova Gómez y Alfredo González González, ambos de la bancada de morena.