Con el propósito de fortalecer la figura del Defensor Municipal de los Derechos Humanos, promover su capacitación y actualización, así como reducir las quejas ciudadanas contra los ayuntamientos, es necesario trabajar en candados que impidan que estos defensores tengan alguna cercanía o relación familiar con los ediles y así garantizar que cumplan con el perfil para serlo, coincidieron diputados de la 60 Legislatura mexiquense.
En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Legislación y Administración Municipal, que presidió el legislador Julio Alfonso Hernández Ramírez (morena), sus integrantes se pronunciaron también por llevar a cabo una reunión de consulta con el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, para conocer su opinión sobre la iniciativa y, eventualmente, enriquecerla.
Para el legislador Julio Hernández en este tema el reto es fortalecer la figura en cuestión a favor de la sociedad y sin atentar contra la autonomía municipal, porque en la defensa de los derechos humanos “hace falta más ciudadanía y menos burocracia”.
Al inicio de la reunión, la legisladora proponente de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos y de la Ley Orgánica Municipal, ambas de la entidad, Karla Leticia Fiesco García (PAN), planteó que se trata de fortalecer una figura que ha ayudado a consolidar la democracia en el país y la entidad.
Dijo que la iniciativa busca que la Codhem certifique a estos defensores –y cobre un derecho por hacerlo— y que sólo quienes estén certificados puedan ocupar esos cargos en los ayuntamientos; propone además un plazo de 120 días para que los actuales defensores se certifiquen, en tanto que su compañera María Elizabeth Millán García (morena) propuso que quienes ya laboran en el sector público o en la Comisión Estatal exenten el pago.
También de morena, Alicia Mercado Moreno llamó a revisar el perfil de los defensores y considerar si no es poco tiempo para la certificación; Nancy Nápoles Pacheco pidió evaluar mejor los requisitos para ser defensor municipal de los derechos humanos, y Juan Pablo Villagómez Sánchez y Elba Aldana Duarte insistieron en algún tipo de candado para evitar conflictos de interés en esos nombramientos.
Del PES, la legisladora Juliana Felipa Arias Calderón se pronunció por defensores con probada trayectoria en la materia y respaldó la iniciativa, en tanto que María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, llamó a ampliar el análisis de la propuesta y consultarla con la Codhem.