En reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación y Administración Municipal, Gerardo Becker Ania, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, informó que hasta el ocho de noviembre de 2018 existen 20 mil 872 juicios laborales que involucran a servidores públicos, de los cuales más de 17 mil 600 corresponden al orden municipal y alrededor de 3 mil 200 al ámbito estatal.
En respuesta a los planteamientos de los diputados de morena, PRI, PT, PES, PRD y PVEM, explicó que, de los juicios contra ayuntamientos, los que han causado sentencia implican el pago de cerca de dos mil millones de pesos; el resto, que aún se consideran en trámite, podrían demandar casi cinco mil millones de pesos, aunque aclaró que “esta cifra disminuiría si durante el proceso se alcanza una conciliación o algún tipo de acuerdo entre las partes”.
El diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez (PT), presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, quien dirigió los trabajos, señaló que a los alcaldes electos les preocupan las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, aprobadas en la anterior Legislatura, que señalan que aun cuando terminen su trienio serán responsables solidarios en el pago de los laudos.
Afirmó que “tendrían que hacerlo de manera personal, ya no como representantes de la institución”, y pidió que se precise, municipio por municipio, cuántos laudos tienen y a cuánto ascienden sus deudas.
La presidenta de la Comisión de Legislación y Administración Municipal, diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM), quien en esta ocasión fungió como secretaria de la reunión de trabajo, quiso saber cuántos municipios tienen un requerimiento de pago y, sobre todo, si están en riesgo de embargo, y pidió que se le informara cuántos alcaldes electos se han acercado al Tribunal para conocer la situación de los laudos que habrán de heredar.
De morena, la diputada María Elizabeth Millán García abrió la participación de cinco diputados de este grupo parlamentario. Solicitó el monto total de los laudos que deben pagar cada uno de los municipios y los que están cercanos a una resolución, que eventualmente se convertirán en una obligación de pago para los próximos años; también quiso saber las medidas de apremio que se han hecho a los ayuntamientos que no han cumplido con el pago de laudos.
La legisladora Elba Aldana Duarte dijo que actualmente en algunos municipios se está sindicalizando a operadores políticos, a personal de confianza y a aviadores para que no renuncien, y preguntó respecto de los recortes a las nóminas municipales y de las conciliaciones que realiza el Tribunal.
Las preguntas del diputado Benigno Martínez García se refirieron a los laudos que comprometen el patrimonio de los ayuntamientos, los montos y los municipios que enfrentan este problema, mientras que el legislador Margarito González Morales dijo que la reforma a la Ley Orgánica Municipal sí hace solidarios a los alcaldes entrantes con el pago de los laudos, y el problema será si el área jurídica será capaz de enfrentarlo.
En tanto, la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez invitó al titular del Tribunal a brindar asesoría a los 125 alcaldes para atender de manera correcta los laudos laborales.
María de Lourdes Garay Casillas, diputada del PES, cuestionó sobre las causas que motivan estos juicios laborales y pidió un desglose, municipio por municipio, sobre la situación.
En una segunda ronda de preguntas y opiniones, por el PRI, la legisladora María Mercedes Colín Guadarrama señaló que los laudos siempre han sido una lastimosa realidad para las administraciones municipales, que no distingue colores partidistas, y que denota la incapacidad de las autoridades locales para proceder conforme a derecho, en tanto Araceli Casasola Salazar, diputada del PRD, también pidió al presidente del Tribunal la relación de los montos de los laudos de cada municipio.