La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 60 Legislatura aprobó los dictámenes del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y Municipal del 2017 y los remitieron a la presidencia de la Legislatura para su programación ante el Pleno.
La Comisión, presidida por el diputado Tanech Sánchez Ángeles (morena), concluyó así la revisión y análisis de los informes sobre la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 del Gobierno, Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México, enviados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que concentran la información sobre el destino de 291 mil 13 millones 540 mil pesos correspondientes a la cuenta pública del año pasado.
En reunión de trabajo, en presencia del titular del OSFEM, Fernando Valente Baz Ferreira, el diputado Valentín González Bautista dijo que la aprobación de los dictámenes no deja satisfecho al Grupo Parlamentario de morena debido al poco tiempo para su análisis y revisión. También invitó a sus compañeros a seguir revisando los documentos para solicitar la comparecencia del auditor superior cada que sea necesario y combatir la corrupción en aras de la legalidad en el uso de recursos públicos.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Miguel Sámano Peralta, expresó que la fiscalización de los recursos públicos es un elemento de gran importancia para fortalecer la gobernabilidad y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, y resaltó que este tipo de acciones fomentan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Del PAN, el legislador Edgar Armando Olvera Higuera señaló que los resultados de los dictámenes aprobados servirán para hacer un análisis objetivo de los resultados y sancionar a quienes hayan hecho un mal uso de los recursos, por lo que consideró de suma importancia continuar con los procesos de solventación y la promoción de responsabilidades ante las autoridades competentes derivadas de observaciones resarcitorias.
Durante la reunión, el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), prosecretario de la Comisión, propuso establecer un plazo de cuatro meses para concluir los informes que el OSFEM deberá presentar a la Comisión, derivados del dictamen respecto a las acciones realizadas de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, mientras que el legislador Adrián Manuel Galicia Salceda (morena) también planteó informes mensuales de las acciones derivadas de las observaciones resarcitorias en los municipios. Ambas propuestas fueron aprobadas.
El dictamen del informe de la Cuenta Pública Estatal, la Comisión pide que se investigue a las instituciones ejecutoras de los 38 programas presupuestarios que en el “Índice de Desempeño de los Indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México” presentaron valoraciones de ‘regular’ a ‘crítico’, para que los ejecutores aclaren y justifiquen la aplicación de los recursos y su nivel de obtención de resultados.
También solicitan que el OSFEM fortalezca los mecanismos para transparentar la aplicación y destino de la deuda pública del gobierno estatal y se establezcan indicadores del costo-beneficio del endeudamiento a fin de que revise que el nivel de endeudamiento estatal no rebase los rangos establecidos en el Sistema de Alertas referido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
La Comisión también pidió al OSFEM dar seguimiento puntual a los actos de fiscalización realizados al Instituto de Salud del Estado de México.
Respecto al dictamen del informe de la Cuenta Pública de los municipios, la Comisión solicitó al OSFEM realizar auditorías especiales a los ayuntamientos con mayor endeudamiento, y exhortó a las contralorías municipales a dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones realizadas por el Órgano.
También exhortó a los 125 municipios de la entidad para que designen a los titulares de las unidades administrativas con base en documentos que avalen su competencia laboral bajo los criterios de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como a los ayuntamientos que no han creado sus institutos municipales de cultura física y deporte a que propongan su creación a la Legislatura durante el presente ejercicio fiscal.
El decreto también incluye un exhorto a los organismos descentralizados de agua y saneamiento de Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan,
Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, El Oro, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Jaltenco, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Temascalapa, Tenancingo, Teoloyucan, Teotihuacán, Tequixquiac, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco Solidaridad, Zinacantepec y Zumpango, y al Organismo Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli, para reducir su deuda pública y no exceder el máximo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de México.
En ambos dictámenes, aprobados por unanimidad, se instruyó al OSFEM a continuar con los procesos de aclaración, notificar a los entes observados, recibir documentación comprobatoria, recomendar acciones para mejorar sistemas de control interno, promover ante las autoridades competentes que finquen e impongan responsabilidades y la coordinación con autoridades federales y estatales.
También, que el OSFEM deberá iniciar procedimientos administrativos en los casos de responsabilidades resarcitorias, enviar procedimientos de responsabilidades administrativas al Tribunal de Justicia Administrativa e informes mensuales a la Comisión sobre los avances de solventación de la fiscalización del Ejercicio Fiscal 2017, así como proporcionar la información de auditorías en curso, número, tipo, nombre de las entidades fiscalizables, recomendaciones y seguimiento.
Fernando Valente Baz explicó que a partir del decreto de los dictámenes se comenzarán las acciones correspondientes, por lo que consideró que cuatro meses serían adecuados para brindar resultados acompañados de informes mensuales; aclaró que en los programas estatales, ya evaluados, se tendría que hacer una nueva evaluación para ver si las acciones que se dieron ofrecieron resultados.
Dijo que los entes fiscalizados cuentan con 30 días hábiles para solucionar sus observaciones, ya que después de ello pasaría a una situación jurídica.
En la reunión también estuvieron presentes los diputados Gerardo Ulloa Pérez y Dionicio Jorge García Sánchez, de morena, Lilia Urbina Salazar, del PRI, Juan Carlos Soto Ibarra, del PES, y Araceli Casasola Salazar, del PRD.