La 60 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad exhortar a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con absoluto respeto a su autonomía, para que a la brevedad posible implemente un protocolo de actuación para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual por parte del personal académico y administrativo en contra de las y los alumnos de esa casa de estudios.
Con el exhorto, la Legislatura también condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia de género, como el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito escolar de cualquier nivel académico por parte del personal docente o administrativo.
En sesión del primer Periodo Ordinario, que preside la legisladora Azucena Cisneros Coss, la propuesta, leída en tribuna por la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, coautora junto con su compañero Benigno Martínez García, ambos de morena, consigna que el acoso y el hostigamiento sexual se han convertido en un problema cada vez más recurrente en las universidades del país, tanto públicas como privadas.
Se explica en el documento, dispensado de turno a comisiones, que en días pasados la diputada Mariana Uribe atendió a una estudiante de la UAEM que solicitó apoyo, ya que fue víctima de hostigamiento y acoso sexual por parte de uno de sus profesores. El suceso fue del conocimiento de las autoridades universitarias y se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sin embargo no se ha actuado en contra del agresor.
Los proponentes estiman que la desatención obedece a la falta de un protocolo de actuación para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, por lo que es necesario diseñarlo y ponerlo en práctica.
PLANTEA PRD AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA LEY
La diputada Araceli Casasola Salazar presentó, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, una iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, con el fin de replantear la definición de “hostigamiento sexual”.
La legisladora destacó la importancia de ampliar este concepto a fin de maximizar la protección de las mexiquenses que enfrenan este tipo de actos, especialmente de las trabajadoras domésticas o de mujeres donde se dé cualquier otro tipo de relación jerárquica.
Dijo que de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer semestre de este año las denuncias por acoso sexual llegaban a 125 en el Estado de México, las cuales, indicó, son apenas un reflejo del martirio que viven cotidianamente las mujeres en sus centros de trabajo o su hogar, pues se estima que solo dos por ciento se atreve a denunciar.
Así, la diputada plantea que el artículo 12 de la citada ley quede de la siguiente manera: “El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en sus relaciones laborales, docentes, de trabajo doméstico o cualquiera otra que implique jerarquía; se expresa en conductas verbales o no verbales, escritas, cibernéticos, físicas o ambas, relacionadas con propósitos de lujuria, erótico sexual o la sexualidad de connotación lasciva”.
PIDEN DIPUTADOS APLICAR PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MENORES DESAPARECIDOS
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso exhortar a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a aplicar pronta y adecuadamente los programas federales y estatales para la salvaguarda y recuperación de menores sustraídos en territorio mexiquense.
El coordinador parlamentario del Verde Ecologista, José Alberto Couttolenc Buentello, dijo que el hecho de que existan mil 440 reportes de menores desaparecidos en la entidad es una situación inaceptable que debe corregirse ocupando todos los medios de los que dispone el gobierno estatal.
La iniciativa de punto de acuerdo también busca instar a los gobiernos de los municipios que no cuenten con Células de Búsqueda dentro de sus cuerpos policiacos a que las constituyan a la brevedad, para que las herramientas de búsqueda se fortalezcan.
El documento, turnado para su dictamen a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Legislación y Administración Municipal, indica que el Estado de México cuenta con programas y protocolos especializados en la búsqueda de menores
desaparecidos, como son el Programa ODISEA, la Alerta Amber y el Protocolo Alba, pero estima que no son suficientes si no se aplican con total eficiencia.
Reconoce también que México se ha involucrado en la ardua labor de garantizar el pleno goce de los derechos de los menores, por lo que es necesario que se persiga y castigue con todo el peso de la ley a quienes a cometan estos delitos.