“La polarización social no es deseable en ningún tema y en el caso de la interrupción legal del embarazo, el debate ha de unirnos en torno a la dignidad, la libertad y el necesario enfoque de derechos humanos y, sobre todo, de los derechos sexuales y reproductivos”, insistió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, en torno al inminente debate que habrá de darse a nivel nacional y en el Estado de México para legalizar el aborto voluntario.
Agregó que “la sociedad, responsable de su desarrollo y de la calidad de vida que debe procurar a sus integrantes, ha de dar paso a la razón, al criterio científico y a los derechos humanos de las mujeres”; por tanto, dijo, “la legislación debe observar y proteger todos los derechos que concurren al momento en que una mujer se ve en la necesidad de ejercer su libertad y autonomía para decidir sobre su sexualidad y su cuerpo sin ser criminalizada ni victimizada por ello.”
Olvera García estableció: “no podemos perder de vista el hecho de que –según datos recogidos en 2016 por Amnistía Internacional– 47 mil mujeres embarazadas mueren cada año en el mundo por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo; ni que 14 millones de adolescentes dan a luz cada año, sobre todo, debido a relaciones sexuales forzadas y embarazos no deseados.”
Añadió que “es de todos sabido que la interrupción voluntaria del embarazo no solo atañe o afecta a la mujer, sino a su familia y al entorno completo en el que se desenvuelve; no podemos dejarla sola ni desprotegida al momento de tomar una decisión que le pertenece en bien de su salud, de su estabilidad emocional y de un proyecto de vida al cual tiene derecho.”
El ombudsperson mexiquense subrayó que es deber de todos los órdenes de gobierno proteger el ejercicio y goce de los derechos sexuales y productivos, así como las garantías para su protección con base en los principios de igualdad y no discriminación, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las personas.
Independientemente de la legislación que está a debate, concluyó, “la normatividad existente ya permite una labor amplia, extensa y profunda para promover y educar a nuestras niñas, niños y adolescentes en materia de salud y sexualidad; derrumbemos ya esa cultura de atavismos que tanto daño nos ha hecho y que sigue limitando las libertades de las y los mexicanos”.