“Es momento de analizar y concertar con serenidad los términos de la maternidad voluntaria y la construcción de la igualdad jurídica a partir de la libertad de las mujeres”, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humano del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, sobre la despenalización de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en esta entidad.
Consideró que es realmente dramática la incidencia de mujeres adolescentes y adultas que pierden la vida por la práctica clandestina de abortos que, por otro lado, presenta mayores riesgos para quienes tienen menos recursos económicos, “una brecha más de la desigualdad que enfrentan las mujeres en ésta y otras entidades del país.”
“Ninguna mujer, de ninguna edad ni condición social, debería verse enfrentada a la decisión de interrumpir o no su embarazo; sin embargo, es una realidad de múltiples factores que no se puede soslayar y hace necesario el fortalecimiento de la educación sexual y la salud reproductiva con visión de derechos humanos y laicidad”, dijo Olvera García, al señalar que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo se considera una decisión de avanzada, ya establecida en la legislación de países democráticos que cuentan con un largo historial de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Apuntó que es un tema sensible para la sociedad y, por lo mismo, es controvertido y tiende a polarizarse; señaló la necesidad de impulsar una amplia discusión que derive en una legislación que surja del consenso social, con base en criterios científicos y libres de prejuicios, aunque, -acotó- “antes de legislar, lo demás es educar”.
En este punto, Jorge Olvera García, doctor en Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, enfatizó: “valoramos el surgimiento de la vida de un nuevo ser, pero también la libertad de una mujer a decidir sobre su propia vida; y cuando se trata de menores de edad, corresponde a los padres, tutores y al Estado velar por su integridad, su seguridad y su desarrollo pleno y protegido.”
Agregó que “el avance democrático del Estado de México no puede tolerar la ofensa a la dignidad humana que supone meter a la cárcel a una mujer por haber tomado una decisión libre y autónoma sobre su propio cuerpo”; en este debate, dijo, es preciso entender que no es un asunto de “enriquecer clínicas privadas ni de relajar valores o conductas, sino de tomar decisiones con base en política públicas certeras de educación sexual y control de la natalidad, desde la perspectiva de los derechos humanos.
El ombusperson mexiquense indicó que según datos de la ONU, son más de 180 países miembros los que permiten el aborto para salvar la vida de la mujer; para preservar la salud física y mental; ante casos de violación o incesto y por deterioro del feto; solo 63 lo admiten por razones económicas y sociales.
“Seguramente la armonización legislativa fortalecerá los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres mexiquenses, hago votos porque así sea”, concluyó.