Los migrantes indocumentados no son delincuentes y tienen los mismos derechos que reconoce la constitución y los tratados internacionales, señaló el jefe del Departamento Jurídico de la delegación federal del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Andrés Maya Trejo, quien aclaró que el INM no tiene funciones de policías, sino que realiza revisiones migratorias y visitas de verificación.
Ante servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, detalló que México recibe cada año 24.4 millones personas extranjeras; la mayoría de los migrantes indocumentados provienen sobre todo de los países del “Triángulo del norte”, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, ya que sólo el 30% tienen documentos en regla.
Indicó que el Instituto Nacional de Migración tiene el compromiso y obligación de dar un trato digno, seguro y de respeto irrestricto a los derechos humanos a todos los migrantes nacionales y extranjeros, por lo que es indispensable implementar programas con el objetivo de mejorar la atención y orientación a ese grupo.
En el marco del programa “Jueves de Derechos Humanos”, explicó que la migración consiste en el desplazamiento de una persona de un lugar a otro, por fines sociales, económicos o de interés personal, por tanto, las revisiones migratorias se efectúan en los puntos de internación al país como aeropuertos, fronteras, aduanas, puertos marítimo y carreteras, casetas de cobro, estacionamientos, centros comerciales, empresas; así como visitas de verificación para corroborar el cumplimiento de las obligaciones que tienen, su estancia legal y actividades que realizan, y con ello evitar delitos como la trata de personas.
México dijo, es el puente para personas de otros países que intentan llegar a Estados Unidos y alcanzar el “Sueño americano”, sin embargo, con el endurecimiento de las políticas migratorias de ese país, en los últimos años se ha convertido en el lugar donde los migrantes indocumentados se quedan a radicar porque tienen mejores condiciones económicas y de vida.
Enunció los derechos de las personas migrantes sujetas a un proceso administrativo migratorio en México: reconocimiento a su personalidad jurídica; a la procuración e impartición de justicia y debido proceso; derecho a la información; derecho a la asistencia legal; derecho a la traducción; derecho a la protección y asistencia consular; derecho a la salud, sin embargo, en este caso no se tiene convenio con la Secretaría del ramo para apoyar al INM con el programa Seguro Popular y atender a quienes están enfermos; a no ser torturado, no recibir malos tratos o actos degradantes.
También destacan los de no discriminación; al alojamiento en condiciones dignas, ya que pueden estar máximo 60 días en las estaciones migratorias; a la comunicación; a recibir visitas; a la recreación a la libertad de conciencia y expresión, a solicitar refugio, a la regulación migratoria por razones humanitarias y por unidad familiar; al retorno asistido a su país de origen.