La protección de los familiares de las víctimas del presunto feminicida de Ecatepec es una prioridad para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), debido a la revictimización que implica el que se haya difundido públicamente el testimonio del presunto autor de estos hechos, por lo cual, continuará sus indagatorias a fin de determinar si existieron violaciones a los derechos fundamentales por parte de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia.
La Codhem señaló que las autoridades deben mantener y fortalecer la secrecía de la investigación y prever que el imputado sea procesado conforme a derecho, a fin de que no existan posibilidades para que una falla procesal sirva como argumento para tratar de evadir la acción de la justicia.
El organismo defensor de los derechos fundamentales, se pronunció por evitar este tipo de prácticas, ya que implican un daño grave a las personas afectadas, además de que podría entorpecer el proceso judicial que se sigue en contra del presunto responsable.
La prioridad y el compromiso de la Codhem es velar por los derechos humanos de las personas, y bajo esa premisa inició la queja contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la cual solicitará los informes de ley para saber cómo fue que el video llegó a ser público.
De igual manera, solicitó medidas precautorias de manera inmediata a la Secretaría de Seguridad estatal, así como al ayuntamiento de Ecatepec.
Para salvaguardar el derecho de las víctimas y sus familiares, requirió a la Fiscalía General de Justicia, velar por el cumplimiento del debido proceso; a la Secretaría de Seguridad Estatal y al ayuntamiento de Ecatepec, garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad pública, a través de vigilancia, rondines y otras acciones en la materia para que la población se sienta protegida de manera integral.
La Codhem otorgó un plazo de diez días para recibir los informes correspondientes, que en el caso específico de la Fiscalía General, permitirán determinar si existen protocolos de la institución para evitar la transmisión pública de material audiovisual obtenido durante las diligencias, ya que esa acción compromete la investigación o de lo contrario, solicitar su implementación inmediata.
La Defensoría de Habitantes pidió reforzar los cursos de actualización y capacitación, así como exámenes de control de confianza para que los servidores públicos encargados de áreas tan delicadas por la información que manejan, actúen con sensibilidad y ética para no afectar a las víctimas y no dar oportunidad a los imputados a cuestionar la legalidad del proceso.
Explicó también la necesidad de reglamentar el uso de teléfonos celulares y medios electrónicos por parte de los agentes de investigación, policías ministeriales y personal involucrado en interrogatorios, para que no incurran en ese tipo de filtraciones.