A fin de asegurar la protección de los derechos de trabajadores en la entidad, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura mexiquense avalaron por unanimidad reformas para transformar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje en Tribunales Laborales, y trasladarlos de la Secretaría del Trabajo al Poder Judicial del Estado de México.
Aprobada en sesión presidida por la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, la iniciativa del Ejecutivo estatal, que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política local, también busca modernizar el marco legal en materia de justicia laboral,
El dictamen establece también la creación del Centro de Conciliación Laboral, como organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y gestión, que tendrá a su cargo la función de conciliar a las partes en un conflicto laboral, antes de iniciar un juicio en el tribunal.
Con esta iniciativa se atiende lo dispuesto en el decreto de reforma y adición a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política nacional en esta materia, planteada inicialmente por el Ejecutivo federal.
La legisladora María Guadalupe Alonso Quintana destacó que esta reforma abona a la cultura de la paz en el sector laboral. Por su parte, Aquiles Cortés López apuntó que la armonización del marco legal estatal con el de la federación en el ámbito del trabajo, contribuye a la conciliación en los conflictos laborales, a abatir el coyotaje y el tortuguismo, además de garantizar una justicia laboral pronta y expedita.
El legislador Eleazar Centeno Ortiz se pronunció en favor de la iniciativa, aunque propuso que se eligiera al titular del Centro de Conciliación Laboral por una terna remitida a la Legislatura por el gobernador. Esta propuesta fue rechazada.
Néstor Persil Aldana reconoció la disposición de sus compañeros para avalar esta reforma que, entre otros beneficios, reduce el tiempo para la solución de los conflictos laborales. Juan José Vidal Jiménez señaló que se consolida la justicia laboral y se fortalecen derechos de trabajadores y patrones, y Rafael Lucio Romero coincidió en que se asegura justicia pronta y expedita a quienes han dejado sus vidas en una empresa.
El dictamen y proyecto de decreto deberán ser votados por el Pleno y, en caso de ser aprobados, deberán enviarse a los 125 ayuntamientos que integran el Congreso Permanente para su votación definitiva.