Profesores adheridos a la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) irrumpieron en la sede del gobierno de Coahuila para exigir justicia y protestar por la muerte de su compañero Rafael Pérez Hernández, docente de educación primaria que durante la madrugada de este viernes murió luego de recibir una golpiza por parte de tres agentes de la policía municipal, mismos que ya están detenidos.
El subprocurador ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Norberto Ontiveros, informó en rueda de prensa que el fallecido fue detenido por alterar el orden en la vía pública, y luego de someterlo y esposarlo de manos y un pie, en la patrulla, los uniformados, cuya identidad no se dio a conocer, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Así fue trasladado al hospital de la Cruz Roja, donde llegó sin vida.
“Hay un testigo que refiere que se encontraba a escasos metros cuando se percató de que los agentes de la policía municipal golpeaban a la víctima una vez que se encontraba sometido, esposado e indefenso. Hay tres testigos contundentes que corroboran todo.
Los policías deliberada y dolosamente lo golpearon hasta ocasionarle la muerte. Por consecuencia, estamos ante la presencia de un homicidio calificado y en ese sentido será la imputación”, expuso el funcionario.
En la detención participaron cinco agentes de la policía municipal, una mujer y cuatro varones; tres de estos últimos fueron identificados por testigos como los agresores.
“Esto lo establecen diversas diligencias que hemos realizado, que consisten en declaraciones testimoniales, ministeriales y documentales, como son videos y en diversas pruebas periciales”, agregó Ontiveros.
El dictamen del médico forense indica que el profesor murió por estrangulamiento y laceraciones internas. “Hay una serie de lesiones que presenta la víctima, principalmente en la espalda, cara, brazos, piernas, tórax y golpes contusos”, detalló Ontiveros.
Dijo que los tres policías locales serán consignados este mismo viernes a un juez ante quien el ministerio público pedirá la pena máxima, es decir, 60 años por homicidio calificado cometido por servidores públicos.
En tanto, los maestros de la sección 38 exigieron al alcalde Isidro López Villarreal, emanado del Partido Acción Nacional, la destitución del director de Seguridad Pública, Roberto Castro, quien tiene dos semanas en el cargo.
Con información de: jornada.unam.mx