Armonizar los contenidos normativos locales a las nuevas disposiciones constitucionales federales en materia de transparencia y acceso a la información pública, es el objetivo de la iniciativa del diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) para expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.
Remitida a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, la propuesta también reforma el artículo 2 y adiciona un artículo 42 Bis a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo de trasladar a esta norma las causales de responsabilidades señaladas en la Ley General.
La propuesta retoma las consideraciones de la Ley General y de especialistas en la materia para evitar repeticiones “innecesarias y elementos ya regulados como causales de clasificación o los que no deben incluirse en el ordenamiento como los datos personales que son materia de otra ley”. Propone que se adopte un modelo de progresividad en la materia, lo que implica que exista una interconectividad de las plataformas estatales existentes y que deban acoplarse a la plataforma nacional.
Por otro lado, el diputado Javier Salinas Narváez, también en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a fin de definir las competencias del gobierno estatal y la de los municipios, las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, además de que establece procedimientos de investigación y de sanción, así como sanciones de responsabilidad administrativa.
Remitida a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, establece la creación de un nuevo registro local de servidores públicos sancionados, los medios de impugnación, procedimientos innovadores de corresponsabilidad y participación social, así como instrumentos de rendición de cuentas.
Prevé, además, sanciones que van desde la amonestación, económicas, resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública y a los entes públicos estatales y municipales.