Por Luis Ayala Ramos
Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) consideró que el acuerdo tripartito entre empresarios, gobierno federal y trabajadores, respecto a la regulación del outsourcing y el reparto de utilidades, impidió que algunas empresas cierren o que tengan que hacer despidos masivos.
Reconoció que este esquema laboral había llevado a abusos por parte de algunos empresarios, tal como sucedió hace poco más de 25 años con el consumo en restaurantes, compra de autos o pago de colegiaturas.
En todos esos casos, tal fue el abuso, que el gobierno optó por prohibirlos, para después sólo permitirlo de manera parcial; los sectores que entonces resultaron más afectados fueron el restaurantero, automotriz y escolar. Nosotros temíamos que una vez más, el gobierno se fuera hasta el otro extremo y prohibiera de manera tajante la subcontratación.
“Es cierto que muchísimas empresas contrataban a la totalidad de los trabajadores por medio de terceros y también es verdad que muchas de ellas lo hacían para evadir las prestaciones laborales”, reconoció el líder industrial.
El esquema consistía en que a los trabajadores se les daba de alta con un sueldo inferior al real, el trabajador y la empresa pagaban menos por el reparto de utilidades, IMSS, el SAR, SAT, e impuestos estatales y ésta situación era terciada por otra empresa que también lucraba por ello. A fin de cuentas las tres partes salían beneficiadas, por lo que muy pocas veces se denunciaba el hecho, precisó Cuevas.
El director general de UNIDEM consideró que ese tipo de prácticas representaban una competencia desleal, ya que mientras algunas empresas pagan el 100 por ciento de los impuestos y prestaciones, otras no lo hacen y eso les representa mayores márgenes que les permiten competir con costos y precios menores.
“Afortunadamente se seguirá permitiendo al subcontratación para actividades y servicios que no tengan que ver con la actividad principal de la empresa, como personal de limpieza, mantenimiento, trabajos administrativos o de seguridad Muchas veces por el tipo de empresa, ubicación o tamaño, no se justifica que tenga ese tipo de personal de manera permanente y con ello se comprometa su viabilidad económica”, apunto el líder empresarial.
Francisco Cuevas reconoció el acuerdo que da un plazo de tres meses para que las empresas que llevan a cabo ese tipo de prácticas puedan regularizar su situación, pues don ello se evita que algunas de ellas cierren o que tengan que hacer despidos masivos.
Sin duda, éstas nuevas disposiciones, ayudarán a que la competencia y las relaciones laborales sean más justas, sin afectar la competitividad de las empresas, la inversión y sobre todo el empleo, concluyó.