Sanciones de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 hasta 200 días-multa al que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género, propuso a la 60 Legislatura la diputada Beatriz García Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena.
La iniciativa para reformar el artículo 211 del Código Penal del Estado de México, leída por el diputado Valentín González Bautista (morena) como miembro de la Diputación Permanente, también establece que la pena se incrementaría al doble si el afectado es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, sujeto privado de la libertad o quien, por cualquier circunstancia, no pudiera resistirse.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica la iniciativa, ha establecido que la orientación sexual de una persona se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.
Con este fundamento, y lo referido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a la no discriminación, la iniciativa señala necesaria la sanción por la aplicación de las denominadas “terapias de conversión”.
Estas últimas, continúa el documento, son prácticas que buscan “corregir, eliminar, modificar o revertir” la orientación sexual, la expresión o identidad de género de las personas, mediante pseudo tratamientos psicológicos o religiosos que abarcan, desde golpes, medicación, abstinencia sexual, privación ilegal de la libertad, electrochoques, sesiones de terapia psicológica, negación de alimentos, amenazas, los castigos físicos, abuso emocional o psicológico, hasta violaciones multitudinarias “correctivas”, lo que abona a la criminalización y el estigma hacia dicho sector poblacional.
En su mayoría, expone la iniciativa, dichas prácticas provienen de organizaciones con una perspectiva ideológica que condena la homosexualidad, y los resultados que arrojan están colmados de prejuicios sociales, porque no las ofrecen clínicas especializadas, sino “cursos o talleres” manejados en la informalidad, violentando la libre determinación de las personas.
Para su análisis, la iniciativa fue remitida a las Comisiones Gobernación y Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia.
