Con los objetivos de fortalecer los conocimientos sobre la actividad del Tribunal Electrónico en materia Penal; el uso y funcionamiento del SIGEJUPE V.2.0. (Sistema de Gestión Judicial), así como explicar el proceso de obtención, renovación y revocación de la Firma Electrónica FeJEM, casi 700 servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México que se desempeñan en esta materia fueron capacitados.
Jueces de Control, de Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Sentencias para el Sistema Penal Acusatorio Adultos y del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes jueces, además de administradores de juzgado, jefes de causa, responsables de notificadores, notificadores, jefes de sala, operadores en audio y video, entre otros, se prepararon a través del programa Webex desde casa o en el Juzgado, para quienes estaban de guardia.
La capacitación se brindó en grupos, de acuerdo a la organización administrativa de los juzgados penales orales y con base a los tres procesos críticos relativos al Modelo de Gestión Judicial Operativa: atención al público, trámite judicial y audiencia de oralidad.
Entre los temas que se abordaron estuvieron FeJEM, Tribunal Electrónico, Autorización de Causas, Turnar Trámites, Generación de documentos, Realizar trámite de Firma Electrónica, Expediente Penal, Generación de Exhortos y Sentencias.
De esta manera, se responde a la necesidad de estar preparados ante la ampliación de los servicios del Tribunal Electrónico en materia penal y exclusivamente con uso de la FeJEM, que permite a los órganos jurisdiccionales realizar audiencias, procedimientos y sentencias de manera remota.
La finalidad del Poder Judicial del Estado de México es no vulnerar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, víctimas y ofendidos priorizando la salud de servidores judiciales y usuarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Cabe destacar que en los Juzgados de Control se ampliaron los servicios en línea en trámites judiciales como procedimientos abreviados, mecanismos alternos para la solución de las controversias, suspensión condicional del proceso a prueba y solicitudes del sobreseimiento de causa. Además, las audiencias intermedias, las providencias precautorias para la restitución de derechos a la víctima y aquellas en las que se deba resolver de inmediato.
