La legislación actual en materia indígena es aún imperfecta y deja lagunas que impiden que a los pueblos originarios se les reivindique el ideal de justicia, sostuvo la diputada Juliana Felipa Arias Calderón, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura mexiquense, al iniciar la cuarta sesión del Seminario Permanente de Derechos Indígenas: Acceso a la Justicia.
Ante representantes de los pueblos originarios, Juliana Arias estableció que es necesario dejar en claro que la protección de los derechos humanos de estas comunidades no es una dádiva, sino una obligación del Estado mexicano y así deberá entenderse en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno en su esfera de acción.
La legisladora indicó que, tras una resistencia indígena de casi 500 años, la Constitución federal reconoce actualmente que México es una nación pluricultural y pluriétnica, y consideró que el contacto con el exterior es ineludible y no se puede estar al margen de la globalización y la modernidad tecnológica, pero no debe perderse la identidad que procede de los pueblos originarios y que brinda raíces profundas.
Durante el seminario, clausurado por el legislador Carlos Loman Delgado, la diputada Elba Aldana Duarte (morena) destacó la importancia de los temas de este seminario pues atañen a los pueblos originarios que por muchos años han sufrido marginación, discriminación y poco interés de las autoridades para resolver sus problemas, en tanto que el legislador Juan Carlos Soto Ibarra, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, indicó que participar en el seminario contribuye a fortalecer los lazos como ciudadanos.
Como representante del distrito electoral local XXVII con sede en Valle de Chalco, subrayó la pluralidad étnica que lo caracteriza, “quizá sea el más plural de todos los municipios”, por lo que deben trabajarse herramientas legislativas que fomenten el respeto a los derechos de todos los pueblos.
Juan Carlos Silva Adaya, magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que es importante que las legislaciones estatales
garanticen el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación mediante el reconocimiento de sus propias autoridades y normas.
Resaltó la necesidad de cambiar, en los modelos de gobierno enfocados a los pueblos indígenas, la cosmovisión occidental, individualista y liberal por la cosmovisión indígena que considera los derechos humanos de la comunidad y el principio de comunalidad, se utilizan instrumentos de democracia participativa para que las personas intervengan en las decisiones del gobierno y se respeta el sincretismo respecto a su relación con la tierra y los recursos naturales.
Marianela Delgado Nieves, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas dependiente del TEPJF, afirmó que es derecho de los municipios pluriétnicos tener tantos representantes indígenas como comunidades indígenas tengan, que se debe garantizar la representación de estas comunidades, aunque se trate de un pueblo no reconocido en la ley y que los grupos migrantes indígenas también deben contar con una representación en el ayuntamiento.
Aseguró que las representaciones indígenas tienen, entre otros derechos, el de ser notificadas oportunamente sobre la celebración de sesiones de los cabildos, tener voz ante este y que sus propuestas queden plasmadas en el acta correspondiente, solicitar que se agreguen temas a la agenda pública municipal y conocer la naturaleza y objeto de las decisiones. Precisó, además, que los ayuntamientos deben contar con una Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la que la representación indígena sea parte.
Saúl Francisco León Pasos, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sede Atlacomulco habló del derecho que tienen las comunidades indígenas de acudir a la institución de justicia correspondiente para conseguir una solución a sus conflictos o demandar el cumplimiento de sus derechos y recordó la obligación de las autoridades e instancias del gobierno de dotar a los ciudadanos de herramientas y mecanismos que faciliten la resolución de conflictos entre los pueblos indígenas.
Los asistentes al foro coincidieron en la falta de voluntad de las autoridades municipales de garantizar las representaciones indígenas y preguntaron sobre el grado de intervención de estos representantes en las sesiones de Cabildo, sobre sus procesos de elección, así como la
difusión de las convocatorias para estas elecciones y las formas de impugnarlas ante la existencia de irregularidades.
