Para otorgar certeza jurídica a los ciudadanos y prestadores de servicio en materia de verificación vehicular, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, presentó una iniciativa para que la autoridad no actúe discrecionalmente en el otorgamiento de autorizaciones y que el proceso esté regulado para que exista libre competencia.
La reforma al artículo 2.219 y la adición de la fracción XIII y XIV al artículo 2.221 del Código para la Biodiversidad del Estado de México propuestas por la legisladora incluyen lineamientos para el inicio de operaciones de los verificentros y requisitos para obtener nuevas autorizaciones; que la convocatoria para éstas se publique en la Gaceta de Gobierno, y que la vigencia mínima de los verificentros sea de cinco años con opción a prórroga si cumplen con los lineamientos.
También señala que el Ejecutivo hará saber a la Legislatura, en su informe anual de resultados, lo relativo a las autorizaciones y revalidaciones que haya otorgado durante el ejercicio fiscal y a favor de quién; además, indica que los verificentros operarán exclusivamente con el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación (SAECHVV), propiedad de la Secretaría del Medio Ambiente, y con el cual se evaluará el resultado de emisiones contaminantes.
La legisladora explicó que su iniciativa plantea que la entrega de las autorizaciones a los ciudadanos interesados en prestar este servicio deberá ser clara, precisa y concreta, y que el otorgamiento de la validación de autorización para operar las unidades permitidas en territorio estatal sea transparente, apegado a la norma y acorde con el principio de legalidad e imparcialidad.
Además, sugiere que el SAECHVV, al que se encuentran conectadas todas las unidades de verificación del Estado de México, sea operado directamente por la Secretaría del Medio Ambiente, y no por particulares, ya que esta situación ha creado un ambiente de desconfianza y opacidad entre los prestadores de servicios y los usuarios de verificentros.
Durante la exposición de su iniciativa, la legisladora criticó que en las últimas administraciones estatales se marcó con opacidad, negligencia, parcialidad e injusticia sistemática los procesos de autorizaciones de verificentros, por lo que su propuesta brinda mayor claridad y certeza al actuar del gobierno y repercutirá en una mejor prestación del servicio en beneficio del medio ambiente y en la salud de los mexiquenses, además de que fomentará el desarrollo social y económico y creará fuentes de empleo.
“No podemos dar la espalda a aquellos mexiquenses que buscan continuar prestando este servicio o que desean integrarse pero que se encuentran con una pared sólida que les impide ofrecerlo con apego a los principios que el estado de derecho demanda”, mencionó.
Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a las comisiones de Protección Ambiental y Cambio Climático, y de Comunicaciones y Transportes.
QUE EL ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SEA DELITO GRAVE, PLANTEA MORENA
Con el objetivo de que el robo en medios de transporte público colectivo sea considerado delito grave, la diputada Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de morena, presentó ante el pleno de la 60 Legislatura una iniciativa para reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México.
La legisladora explicó que esta modalidad de robo es uno de los delitos de mayor impacto social en la entidad, ya que en 2015 se cometieron 7 mil 448 robos de este tipo, de los cuales 7 mil 67 fueron con violencia; para 2016 fueron 7 mil 545 robos, 7 mil 353 de ellos con violencia, y en 2017 fueron 9 mil 594, de los que 9 mil 459 fueron violencia, lo que muestra que, en promedio, más de 97% de estos delitos se realizó con violencia.
Detalló que en el primer cuatrimestre de este año, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se denunciaron 6 mil 560 delitos de asalto en el trasporte público, de los cuales 3 mil 47, es decir el 46.7%, se cometieron en el Estado de México, lo que ubica a la entidad en el primer lugar nacional.
“En el marco de esta Cuarta Transformación de la vida púbica del país y atendiendo un reclamo ciudadano, desde esta 60 Legislatura estamos a favor de coordinar, en el ámbito de nuestro actuar, acciones que hagan sentir a las y los mexiquenses más seguros; en ese sentido estaremos legislando para actualizar los ordenamientos jurídicos estatales, a efecto de garantizar el derecho a la seguridad de las y los habitantes”, recalcó.
Pese a que se han realizado diversas acciones para prevenir el delito de asalto en el transporte público, como el protocolo de revisión Transporte Público Seguro, la instalación de sistemas de videovigilancia, botones de pánico y localización geosatelital por lo menos en mil unidades, la legisladora enfatizó en que no ha sido suficiente, ya que el delito aumenta y con mayor violencia, como se da cuenta en las grabaciones de las cámaras de vigilancia.
A la iniciativa, turnada para su análisis a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito, se sumaron las diputadas Imelda López Montiel y Crista Amanda Spohn Gotzel, a nombre del PT; Claudia González Cerón, a nombre del PRD; así como de manera personal los diputados José Antonio García García (PAN) y Juan Carlos Soto Ibarra