Al iniciar el análisis de la propuesta de la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena) para reconocer como víctimas de delito a los familiares de las mujeres violentadas e incluir la modalidad de violencia contra la libertad reproductiva en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, legisladores locales acordaron anexar el concepto de ‘derecho sexual’ como término complementario a lo planteado, así como retroalimentar la iniciativa con la opinión de autoridades en materia de derechos humanos.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración también acordaron también que se revisará la Ley General de Víctimas y el Código Penal Federal para armonizar con estos la legislación estatal y evitar conflictos normativos, además de solicitar los puntos de vista de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Mariana Uribe explicó que en la legislación se establecen las figuras de ‘víctima’ y ‘agresor’, pero no se considera así a las personas afectadas de manera indirecta para la reparación del daño, como en los casos de violencia familiar, en los cuales los hijos sufren daños psicológicos, o en situaciones de violencia extrema y mortal, en que los familiares pierden una madre o una hija.
Por lo anterior, detalló la legisladora, se propone agregar la figura de ‘persona ofendida’ para familiares y personas que tengan relación de dependencia económica con la víctima, término que los ayudará a diferenciar su situación jurídica respecto a la de la propia víctima y que coadyuvará a garantizar la protección institucional especializada, asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz a la justicia y reconstruir el pleno goce de sus derechos, en donde el Estado debe velar por su bienestar y subsistencia.
Añadió que propone adicionar un capítulo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad para que a las mujeres no se les impida decidir sobre si tener hijos o no, o sobre el intervalo entre cada nacimiento ni se ejerza sobre ellas presión para tener hijos de un sexo en específico.
Propone también recapitular la violencia obstétrica —que se da de parte de quienes trabajan en instituciones de salud y obstaculizan el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos o realizan esterilizaciones forzadas—, para que las mujeres disfruten de una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, además de que tengan la libertad de decidir si se reproducen, cuándo y con qué frecuencia.
Pide que en el Presupuesto de Egresos se asigne una partida para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal y el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de México.
El legislador Sergio García Sosa (PT), presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, subrayó la necesidad de revisar posibles lagunas de la ley para implementar medidas que ayuden a desaparecer el maltrato a las mujeres y reforzar sus derechos, por lo que consideró importante agregar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la figura de ‘persona ofendida’, y fortalecer la legislación en materia de violencia obstétrica y libertad sexual.
La diputada de morena Beatriz García Villegas expresó que la visión de ‘persona ofendida’ es limitativa en lo referente a la dependencia económica respecto de la víctima y contraviene la Ley General de Víctimas y la ley estatal en la materia, las cuales ya establecen el concepto que se pretende reformar, por lo que se podría caer en una incongruencia jurídica.
Respecto a la violencia obstétrica, García Villegas indicó que la iniciativa es viable e incluyente al considerar reiterar el derecho humano y fundamental a la libertad reproductiva, y destacó que el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos es el paso previo de la sociedad consciente de su libertad sexual.
El legislador Margarito González Morales (morena) dijo que coartar la libertad sexual debería ser incluida en la modalidad de violencia contra la libertad reproductiva para quedar como ‘violencia contra la libertad sexual y reproductiva’ y referir que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre de discriminación, presión o violencia, ya sea por parte de las instituciones, pareja o familia o de cualquier ciudadano en general.
También de morena, el legislador Gerardo Ulloa Pérez detalló que la figura de ‘persona ofendida’ fortalece el objeto de la ley, sobre todo cuando se trata de un menor o
de la familia de la víctima, porque se le reconocería plena y jurídicamente la calidad de víctima, en congruencia con el Código Penal Federal.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora María Lorena Marín Moreno manifestó la necesidad de consultar a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Codhem para que compartan su análisis, experiencia y acciones de gobierno aplicadas al tema y evitar un conflicto normativo.
Del PAN, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro propuso que se consideren como violencia contra la libertad reproductiva todas aquellas acciones u omisiones del personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud o de cualquier otra persona que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos, el intervalo en los nacimientos o el deseo de embarazarse, o bien de quien practique, sin el consentimiento expreso e informado de la mujer, procedimientos quirúrgicos o químicos para hacerla estéril.
El diputado Valentín González Bautista (morena) subrayó que la iniciativa tiene un consenso amplio para aprobarse sin mayor procedimiento.
A la reunión presidida por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), también asistieron los diputados Violeta Nova Gómez, Julio Alfonso Hernández Ramírez y Juan Pablo Villagómez Sánchez, de morena; Miguel Sámano Peralta, Juan Maccise Naime e Iveth Bernal Casique, del PRI.