Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la 60 Legislatura acordaron esperar el resultado de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, organizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para continuar con el análisis de las iniciativas de la Ley de Consulta de Pueblos Indígenas del Estado de México y de reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México en materia de consulta a los pueblos indígenas.
Los integrantes de los órganos legislativos presididos por las diputadas María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) y Juliana Felipa Arias Calderón, respectivamente, expusieron sus puntos de vista sobre las iniciativas de los diputados Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez (PAN) y Anaís Miriam Burgos Hernández (morena), y coincidieron en esperar los resultados de la consulta que se realizará en todo el país en 51 foros regionales del 21 de junio al 28 de julio próximos.
Además, las comisiones unidas acordaron analizar un presupuesto específico para los programas relacionados con Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México y establecer una ruta crítica con estándares internacionales para realizar una consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas de la entidad sin violentar sus derechos.
La iniciativa de la diputada Anaís Miriam Burgos busca establecer que las autoridades y los particulares deban someter a consulta los proyectos e iniciativas de obras que impacten en los recursos naturales de las zonas indígenas, mientras que la propuesta del diputado Reneé Alfonso Rodríguez pretende expedir la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de México y Municipios.
Los legisladores de morena Rosa María Zetina González, Gerardo Ulloa Pérez, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, Valentín González Bautista, Beatriz García Villegas, María del Rosario Elizalde Vázquez, Max Agustín Correa Hernández y Faustino de la Cruz Pérez; del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez; del PRI, Marlon Martínez Martínez, y Carlos Loman Delgado se manifestaron a favor de esperar los resultados de la consulta del INPI para que sirvan de guía para la legislación estatal y así articular los marcos jurídicos necesarios.
De manera particular, el legislador Valentín González recordó que la 54 Legislatura (2000-2003) promovió la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, la cual fue aprobada por unanimidad y está vigente, por lo que sugirió que se acompañe del presupuesto necesario para los programas referentes a las comunidades indígenas, además de que indicó que también a nivel estatal se deben celebrar foros en distintas partes del estado con representantes de las comunidades indígenas.
En su intervención, el diputado Max Agustín Correa subrayó la necesidad de respaldar las acciones de la 60 Legislatura para la promoción de una consulta previa libre e informada de los pueblos originarios con un protocolo apegado a estándares internacionales que garanticen el respeto a los derechos de este sector de la población para no violentar ningún proceso.
En su oportunidad, el legislador Faustino de la Cruz Pérez expresó la necesidad de solicitar al gobierno federal que destine recursos de lo recuperado por la aplicación de políticas anticorrupción a apoyar a las comunidades indígenas estatales, como se ha hecho en otras entidades con los recursos obtenidos de la venta de objetos incautados al narcotráfico, y manifestó la urgencia de establecer un programa estatal para fortalecer a los pueblos originarios y que no pierdan sus usos y costumbres, por lo que se deberían de impulsar acciones específicas en salud y educación.
El diputado Reneé Alfonso Rodríguez explicó que presentó su iniciativa ante el Pleno el 26 de marzo pasado, antes del anuncio de la consulta del INPI, y que la propuesta ya había sido presentada por el PAN en otras legislaturas, aunque expresó sentirse contento porque al final el tema de las comunidades indígenas está en la agenda federal y estatal, lo cual establece una coyuntura que beneficia a los pueblos originarios, por lo que se sumará al trabajo conjunto acordado en la reunión.
El legislador panista, en concordancia con el legislador Carlos Loman Delgado, puntualizó que independientemente de lo marcado en lo federal respecto de la consulta del INPI, el estado tiene soberanía y capacidad para crear su propio orden jurídico, aunque abonará al consenso para esperar los resultados del ejercicio que se encabeza a nivel nacional.
Los diputados de las comisiones unidas coincidieron en que hay una deuda histórica con los pueblos originarios y recalcaron que en todo proceso que los involucre deben ser
consultados para tener su consentimiento y contar con legitimidad, además de que reconocieron que la legislación que se implemente en la entidad no solo debe beneficiar a los pueblos indígenas locales (otomí, nahua, mazahua, matlazinca y tlahuica), sino a la población indígena migrante que crece cada día más.
Los legisladores también manifestaron la relevancia de acudir a los foros del INPI que se realicen en la entidad, así como de convocar a representantes de las comunidades indígenas para que asistan.
En la reunión también estuvieron presentes los diputados Omar Ortega Álvarez y Miguel Sámano Peralta, coordinadores parlamentarios del PRD y PRI, respectivamente; así como los legisladores María de Jesús Galicia Ramos (morena), Juan Maccise Naime (PRI) e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN).