La 60 Legislatura del Estado de México aprobó la creación de la Guardia Nacional, al otorgar su voto unánime a la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta forma, se suma a los nueve Congresos locales que, hasta la hora en que este martes la avaló, en calidad de integrantes del Constituyente Permanente, habían dado su voto a la conformación de esta institución policial que será de carácter civil y se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, consigna el documento.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario, que preside la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena), la secretaria de la Directiva, Xóchitl Flores Jiménez, dio lectura al proyecto que reforma, adiciona y deroga varios preceptos establecidos en los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76,78 y 89 de la Carta Magna.
El proyecto señala, en sus artículos transitorios, que el Congreso de la Unión expedirá la Ley de la Guardia Nacional y las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza; que la Guardia Nacional se constituirá, a la entrada en vigor del decreto, con elementos de las policías Federal, Militar y Naval, y que los Ejecutivos de las entidades, a partir de entonces y en un plazo no mayor de 180 días, presentarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento de sus cuerpos policiales estatales y municipales.
AVAL DEL PLENO A PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PARA MÁS DELITOS
El Pleno legislativo también aprobó la minuta con proyecto de decreto para reformar el artículo 19 de la Constitución de la República, que se refiere a la ampliación del catálogo de delitos para los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa.
También enviado por el Congreso de la Unión para efectos del artículo 135 constitucional, el decreto agrega los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El documento establece que a partir de los cinco años de la vigencia del decreto, esta medida deberá ser evaluada conforme los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública para determinar la continuidad de su aplicación.
El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, expresó en tribuna la decisión de su bancada de abstenerse de votar, aunque dando el beneficio de la duda al Ejecutivo federal.
Argumentó que, de acuerdo con consideraciones de la Organización de las Naciones Unidas, las modificaciones al artículo 19 violentan los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad y la integridad personal; vulneran la independencia judicial y el principio de igualdad ante la ley; afectan el funcionamiento del sistema de justicia penal, e implican la desviación de las políticas de seguridad ciudadana y la regresión en la protección de los derechos humanos.