La situación de Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, defensores indígenas del agua de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, fue objeto de un pronunciamiento del Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legislatura, en voz de la diputada Nancy Nápoles Pacheco, para hacer patente su inconformidad ante un proceso que, dijo, ha estado lleno de irregularidades y derivó en una sentencia a 50 años de prisión.
Fueron detenidos en diciembre de 2006 y en julio de 2007, y diez años después fueron sentenciados “sin la certeza de que hayan cometido algún delito”, señaló la legisladora. “Pasaron más de diez años para que tres defensores indígenas pudieran ser sentenciados, diez años de prisión preventiva, diez años de violaciones a sus derechos humanos, diez años de completas irregularidades dentro de un juicio penal”, lamentó ante la presencia de familiares de los representantes indígenas de San Pedro Tlanixco en el salón de Plenos.
El conflicto inició en 1988, por una pugna de agua entre los habitantes de la comunidad y el municipio Villa Guerrero. Históricamente, relató Nápoles Pacheco, el agua del río Texcaltenco, conocido como río Grande, ha sido utilizada por la comunidad de San Pedro Tlanixco para uso doméstico y agrícola, pero en el 2002 la Comisión Nacional del Agua (CNA) anuló la concesión a la comunidad indígena y se la entregó a Villa Guerrero para uso comercial por las empresas de floricultores.
Esto, expuso la diputada como uno de los motivos al pronunciamiento, “fue con el apoyo de autoridades gubernamentales e importantes empresas, mientras que la comunidad no fue consultada adecuadamente sobre el cambio de concesión y uso de agua”.
En abril del 2003 hubo un enfrentamiento entre ambos grupos, 300 indígenas y 12 empresarios florícolas, en el que falleció Alejandro Issak Basso, representante de la asociación civil Usuarios del Río Texcaltenco. Los integrantes de ésta presentaron la denuncia correspondiente, pero lejos de ser escuchados, ellos y los habitantes de la
comunidad fueron objeto de actos violentos por parte de la Policía, de acuerdo con la diputada morenista.
A partir de este suceso, en el 2003 se detuvo a Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes recibieron la máxima sentencia durante los años 2006 y 2009. Y esto fue el principio de una serie de irregularidades en contra de la comunidad indígena. Más tarde Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez y Dominga González, también fueron detenidos y encarcelados durante 10 años, mientras recibían sentencia.
“Hoy quiero intervenir a favor de estos ciudadanos, considerados como presos políticos y en los cuales recae la falta de criterio político y de profesionalismo de las autoridades competentes en el caso. ¿Cómo una autoridad puede sentenciar a seis personas con la pena máxima, aun viendo que en el mismo proceso existen contradicciones entre los testigos, existiendo además falsos testimonios?”, cuestionó, haciendo alusión a la demanda de la ONU al Estado mexicano para esclarecer el caso y garantizar la protección de los derechos de los detenidos.
“Hasta el día de hoy se ha criminalizado la protesta social y eso debe de terminar”. Manifestó que la bancada de morena estará atenta a la resolución de la apelación interpuesta en contra de la sentencia e hizo un llamado a la autoridad competente a resolver el caso con pleno apego a derecho.