La 60 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, después de que diputadas de todos los grupos parlamentarios exigieron detener la violencia en contra de la mujer.
Al presentar la propuesta, la legisladora Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario de morena, explicó que la creación de esta comisión facilitará la recopilación de información, documentos actualizados y opiniones de diversos sectores, lo que posibilitará el diseño de la agenda legislativa en la materia y la toma de decisiones parlamentarias surgidas de una comprensión especializada.
En sesión del Primer Periodo Ordinario, que preside la diputada Azucena Cisneros Coss, también de morena, Labastida Sotelo añadió que también se podrá dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con el fin de evitar más muertes de mujeres mexiquenses.
Dijo que la incidencia actual de homicidios dolosos de mujeres es mayor que la que motivó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en julio de 2015, ya que para entonces se habían registrado 922 homicidios en seis años, mientras que en la mitad de ese tiempo, es decir, de 2014 a 2017, se cometieron mil 420 asesinatos de mujeres, esto es, 498 más.
La diputada recordó que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género se dio en once municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, y advirtió que la creación de esta comisión no debe entenderse en la lógica de la lucha entre partidos: “Esto no es un ataque al titular del Ejecutivo o a los presidentes municipales. Este es un tema que nos responsabiliza a todos. Un día, ojalá no suceda, alguna de nosotras o nuestras hijas, podría ser víctima”.
La diputada Juliana Felipa Arias Calderón (Encuentro Social) relató que su hermana fue víctima de feminicidio a manos de quien era su esposo y padre de sus hijos, por exigir una pensión alimenticia, en tanto, la legisladora Liliana Gollas Trejo (morena) expresó que su hija sufrió este problema del que logró salir y afirmó: “no quiero que ninguna niña pase por esta situación”.
Luego de la dispensa del trámite de dictamen, las legisladoras Araceli Casasola Salazar (PRD), Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), María de Lourdes Garay Casillas (Encuentro Social), María Luisa Mendosa Mondragón (PVEM), Maribel Martínez Altamirano (PRI) y Julieta Villalpando Riquelme (PT), así como Alicia Mercado Moreno, Guadalupe Mariana Uribe Bernal y María Elizabeth Millán García y el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño (todos ellos de morena) se sumaron a la iniciativa de la diputada Karina Labastida, tras coincidir, a la luz de los datos, de experiencias cercanas y de casos concretos, en la urgencia de multiplicar los mecanismos de protección de las mujeres.
APRUEBAN EXHORTO SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS
La Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad un exhorto al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipiem) para que le informe sobre el estado de sus políticas públicas para disminuir la brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, erradicar la pobreza y fomentar su participación política y garantizan sus derechos político-electorales.
Avalado a propuesta del diputado Max Agustín Correa Hernández (morena), en el aniversario de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, este 13 de septiembre, también exhorta al Cedipiem a hacer más eficientes las políticas en favor de las mujeres indígenas durante lo que resta de 2018 y generar los mecanismos de planeación e innovación para el próximo a fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres y niñas pertenecientes a los pueblos originarios de la entidad.
El exhorto también alcanza a las secretarías de Finanzas, Educación, Salud, Desarrollo Social y Agricultura para que informen a la Legislatura sobre los programas y presupuestos destinados a la atención de la población indígena femenina en el Estado de México.
Además, prevé que los ayuntamientos informen sobre los mecanismos que han implementado para garantizar la representación en el Cabildo de los pueblos indígenas,
especialmente en aquellos que existe mayor población originaria, con el fin de garantizar su participación en los procesos de decisión del municipio, particularmente de las mujeres.