Para facilitar la inversión, elevar la competitividad y otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas, mediante la simplificación de procesos, trámites y servicios administrativos del Gobierno del Estado de México para la instalación de nuevos negocios, la 59 Legislatura mexiquense actualizó el marco jurídico estatal en materia de mejora regulatoria y desarrollo económico, al aprobar por unanimidad la expedición de tres nuevas leyes y reformas a 11 ordenamientos.
El diputado Diego Eric Moreno Valle (PRI), encargado de dar lectura al dictamen, explicó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal tiene como objetivo central armonizar la legislación mexiquense con la Ley General de Mejora Regulatoria, además de que simplifica trámites, requisitos, costos y tiempos de respuesta por parte de las autoridades en relación con obras, unidades económicas, inversiones y proyectos.
La nueva Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios plantea una alineación normativa con el marco regulatorio federal y busca generar la mejora integral, continua y permanente de la regulación estatal y municipal, de manera coordinada con las autoridades de la materia, los poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil.
La Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México establece que ésta será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, encargada de diseñar y coordinar la política jurídica y de acceso a la justicia del Poder Ejecutivo y de planear, programar, dirigir, resolver, controlar y evaluar la función de mejora regulatoria, con lo que se pretende atender de manera más eficaz la responsabilidad de la emisión del Dictamen Único de Factibilidad, necesario para la apertura e instalación de nuevos negocios.
La Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México señala como responsabilidades de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la verificación administrativa de documentos y del cumplimiento de las condiciones, requerimientos u obligaciones de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos incluidos en las evaluaciones técnicas de factibilidad o en el Dictamen Único de Factibilidad.
Los once ordenamientos reformados para modernizar el andamiaje legal en favor de mejores condiciones para el desarrollo económico y el progreso integral de la entidad son las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Competitividad y Ordenamiento Comercial, de Fomento Económico, de Eventos Públicos, Orgánica Municipal, del Agua y de Movilidad, así como los códigos Administrativo, de Procedimientos Administrativos, para la Biodiversidad y Penal.