Durante este proceso electoral Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha recibido, del 9 de abril a ayer, 151 reportes ciudadanos de 25 entidades del país acusando compra de votos mediante recursos públicos: el 41 por ciento es por entrega de despensas u otros utensilios; el 36 por ciento refiere condicionamiento para recibir o no beneficios de programas sociales como Prospera; el 18 por ciento es por entrega de dinero en efectivo y el 5 por ciento corresponde al reparto de tarjetas con depósitos.
Del condicionamiento reportado, el 58 por ciento es a cambio de la credencial del INE o una fotocopia.
De acuerdo con el portal Democraciasinpobreza.mx, herramienta basada en un formulario para la denuncia anónima de este acto ilícito, el voto se está comprando en 500 pesos. Aunque en el Estado de México, la entidad con el mayor número de población con carencias, cotiza hasta en 5 mil pesos, mientras que en la Ciudad de México el precio va de 200 a 2 mil 500 pesos, sobre todo en Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.
Dado que la herramienta digital no es estadísticamente representativa, no se publican los estados ni partidos donde más se registra la compra. Que la incidencia de las denuncias recibidas sea en el centro del país lo atribuyen al alcance de difusión del formulario.
Pero, detalló basado en su paso por Fepade y no en democraciasinpovreza.mx, este acto “lastimoso” se ha dado sobre todo con el PRI con Prospera y en espacios geográficos con mayor marginalidad del país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México, donde comer o no ese día “depende” de la venta del voto.
Nieto aseguró que durante esta jornada electoral es importante que la Fepade actúe y que se vigile al TEPJF, donde cuatro de sus magistrados “siempre termina resolviendo a favor del gobierno, particularmente del PRI”.
En el primer trimestre de este 2018 se disparó el gasto ejercido de programas sociales de Sedesol. El egreso en el programa Empleo Temporal aumentó un 1,480.9 por ciento frente al primer trimestre de 2017; el de Conversión Social un 815.5 por ciento; el de Apoyo a Instancias de Mujeres un 237 por ciento; y el de Comedores comunitarios un 184.3 por ciento.
Estas denuncias sobre uso electoral de programas sociales contravienen la Ley General de delitos electorales. El caso de fotocopiar la credencial del INE viola las leyes de protección de datos personales, precisó Acción Ciudadana.
Por ello, el conjunto de más de 60 organizaciones civiles llamó al INE y a la Fepade a consultar estas denuncias ciudadanas para focalizar la compra de voto en el país, investigar y garantizar el voto libre y secreto.
Con información de sinembargo.mx