A lo largo de casi tres años de trabajo, la 59 Legislatura del Estado de México ha refrendado su compromiso con las niñas, niños y adolescentes que habitan el territorio estatal y en cuyo beneficio ha actualizado la legislación para asegurar su ingreso y permanencia al sistema educativo, combatir la violencia escolar, garantizar su acceso a programas sociales y para agilizar procedimientos de adopción.
En materia educativa, destaca la aprobación de la reforma a la Ley de Educación que mandata a las autoridades del ramo a otorgar, con base en un certificado expedido por alguna institución de salud pública, como una acción permanente y hasta la conclusión de los estudios de licenciatura o profesional técnico, un estímulo económico a los estudiantes de instituciones públicas o privadas que padezcan cáncer, diabetes, VIH o discapacidad a largo plazo o permanente y que no cuenten con otro tipo de beca escolar.
Esta reforma prevé adicionalmente estímulos económicos para las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso que estudien en instituciones públicas o privadas, y a los alumnos que lo requieran por su situación socioeconómica y desempeño académico, con el objetivo primordial de evitar la deserción escolar por motivos económicos.
También facultan a las autoridades a garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad, ofreciéndoles opciones para obtenerlos; y en el caso de la educación básica y media superior, para ubicar a los estudiantes por grado, ciclo escolar o nivel educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo y cognoscitivo, madurez y saberes.
Las autoridades deberán favorecer la atención de menores con discapacidad o dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las modalidades de educación especial.
Los legisladores aprobaron incluir en la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social la figura denominada ‘mediación escolar’, proceso con el cual los maestros, padres de familia o tutores y alumnos intervienen como mediadores para prevenir o solucionar conflictos en los planteles.
Sobresale la expedición de la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar, concebida como una herramienta para evitar la discriminación, el hostigamiento y otras conductas denigrantes que lesionan física, moral o psicológicamente a niñas, niños y adolescentes que asisten a los centros educativos de la entidad.
Respecto a la Ley de Asistencia Social, los legisladores determinaron que se consideren beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social, de manera prioritaria, a todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o situación de riesgo, sean hijas o hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de pobreza o sean migrantes y repatriados.
En el rubro de seguridad y atención a víctimas del delito, la Legislatura aprobó, en la Ley de Víctimas que, en el caso específico de niñas y niños, el Ministerio Público o la autoridad judicial dicten, de oficio y de manera inmediata, medidas de protección para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica.
A la Secretaría de Educación le corresponde, por ley, prestar servicios educativos para que gratuitamente cualquier víctima o sus hijos menores de edad puedan cursar la educación preescolar, primaria y secundaria; proporcionarles becas como mínimo hasta la educación media superior, y entregarles paquetes escolares y uniformes para garantizar condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.
Complementariamente, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los legisladores determinaron que, en aquellos procesos que involucren a menores, se otorguen órdenes de protección preventivas o emergentes, tomado en cuenta el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima y sus hijas e hijos.
En el recién concluido Octavo Periodo Ordinario de Sesiones, los representantes populares aprobaron en el Código Civil agilizar los trámites de adopción en el Estado de México, mediante la inclusión del Juicio Sumario de Conclusión de la Patria Potestad, el cual dará celeridad a este procedimiento cuando los menores se encuentren albergados y abandonados por sus familiares durante más de dos meses y sin causa justificada, en instituciones públicas o privadas.