El juzgado primero distrito en materia de amparo con sede en Toluca concedió la suspensión de plano de la obra del tren interurbano México-Toluca en 2 kilómetros lineales que implican los terrenos de 167 comuneros de San Juan Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac.
La sentencia se emitió el martes 9, derivada de la solicitud de amparo 690/2017 promovida por los campesinos a falta del pago de sus tierras por parte de la empresa GAP SA de CV.
La suspensión aplica para 24 mil metros cuadrados, que se traducen en 2 kilómetros lineales, que van del 40 al 43.
Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de los afectados, explicó que los comuneros se inconformaron porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende mover las torres de alta tensión que se ubican en sus tierras, pero sin consultarles y sin que les hayan indemnizado por la afectación.
Por tanto, a partir de la suspensión, la SCT no podrá solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que mueva torre alguna de ese tramo y, por ende, avanzar las obras.
Los denunciantes arguyen que les están afectando derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que no se respetaron sus usos y costumbres, no se les consultó y no se respetó su derecho a la tierra para incluirlos en el desarrollo.
Además, refirió, durante más de ocho meses los “trajeron” en mesas de negociación donde les prometieron pagarles, pero para evadir la indemnización la empresa los desconoce como titulares de los terrenos, a pesar de que tienen resolución presidencial, acta de posesión y deslinde, así como plano definitivo.
Pérez Alvarado aclaró, sin embargo, que los comuneros están en disposición de permitir la construcción, si la ferroviaria (La Peninsular) y la liberadora (GAP) platican de forma seria y pagan justamente.
Derivado de la decisión federal, añadió, además las autoridades no podrán realizar infraestructura carretera sin considerar a las comunidades afectadas en la inclusión de un plan integral de desarrollo.
Pascual de la Rosa Gumecildo, comisariado de la comunidad, advirtió que en esa zona el metro cuadrado tiene un valor comercial de hasta 8 mil pesos, pero apenas les ofrecen 600 y ni siquiera les han sido cubiertos.
Fuente: proceso.com.mx