La Suprema Corte de Justicia condenó al IMSS a pagar casi 21 millones de pesos de indemnización por contagiar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a un niño de 12 años que estaba internado en el Centro Médico Nacional La Raza.
Luego de ocho años de litigios, la Segunda Sala de la Corte resolvió que el IMSS tiene que pagar por daño moral y daño personal, al resolver una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado presentada por Javier Montiel, padre del afectado.
Formalmente, el cálculo de la indemnización corresponde ejecutarlo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) pero, de acuerdo con los parámetros que fijó la Corte, el pago será de al menos 11.6 millones de pesos por daño moral y 9.3 millones por daño personal.
El caso resultó hace ocho años en la recomendación 42/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el IMSS aceptó, pero con una indemnización de solo 1.3 millones de pesos, que el TFJS incrementó a 3.7 millones cuando revisó el caso en primera instancia en 2014.
Además de subir la indemnización, la Corte ordenó al TFJA que en su nueva sentencia condene al IMSS a brindar atención médica gratuita y de por vida al menor -quien ya es mayor de edad-, así como atención psicológica a su familia.
«La justa reparación en este caso debe remediar monetariamente el contagio de VIH-SIDA en la vida adulta del menor quejoso, ya que limitó las opciones en su proyecto de vida, incluyendo el desarrollo de una vida sexual plena y una familia, además de que le generó un daño material al acotarle las opciones laborales y limitarle con ello su ingreso potencial», afirmó la Sala al calcular el monto del daño personal.
La sentencia incluye un estudio detallado sobre las cargas, estigmas y restricciones que el VIH impone a quienes lo padecen, la reducción en la expectativa de vida y los problemas para conseguir empleo, entre muchos otros.
El entonces menor fue contagiado en abril 2008, cuando fue internado de manera urgente por requerir un trasplante y trasfusiones inmediatas.
La sangre había sido donada un día antes por una mujer, que al contestar el cuestionario respectivo, advirtió que recientemente le habían sacado dientes y se había hecho perforaciones para aretes, por lo que debió ser excluida de acuerdo con la NOM en la materia.
El Banco Central de Sangre de La Raza no la excluyó y no detectó el virus sino hasta realizar una segunda prueba, el 21 de abril, cuando ya se habían hecho varias transfusiones a este y otro menor, también incluido en la recomendación de la CNDH, con la sangre infectada.
«El cuestionario no le fue entregado a la donante conforme al protocolo, o bien, existe una inconsistencia en las fechas plasmadas en el expediente, o el cuestionario se llenó con motivo de una posterior donación», explicó la Corte.
Apenas la semana pasada, la Primera Sala de la Corte condenó al Gobierno de la Ciudad de México a pagar 20 millones de pesos a la madre de una niña de tres años que murió por una varicela mal atendida en un albergue.
Fuente: reforma.com