La Presidencia de la República confirmó a la Cámara de Diputados que, en casi un año, se realizaron 819 intervenciones de comunicaciones privadas en el país, por parte del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal, ante presuntas “amenazas y riesgos”.
El PAN preguntó directamente a la Presidencia sobre los casos en los que el gobierno ha tenido que intervenir -a través del Cisen o la PF- las comunicaciones privadas; aunque Los Pinos no particularizó, sí precisó que el Cisen intervino 720 veces y la PF 99, lo cual habría requerido la autorización de un juez, aunque no se especifica.
Así lo informó la Presidencia a los legisladores de Acción Nacional:
i. Número de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas realizadas por el CENTRO DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL, en el año que se informa.
De septiembre 2015 a agosto de 2016 se realizaron 732 solicitudes.
ii. Número de solicitudes de intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas al CISEN en el año que se informa.
De septiembre 2015 a agosto de 2016 se autorizaron 720 intervenciones.
(…)
Número de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas realizadas por la POLICÍA FEDERAL, en el año que se informa.
De septiembre 2015 a agosto de 2016 se realizaron 123 solicitudes de intervención de comunicaciones privadas.
v. Número de solicitudes de intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas a la POLICÍA FEDERAL en el año que se informa.
De septiembre 2015 a agosto de 2016 se autorizaron 99 intervenciones de comunicaciones privadas.
Una de esas intervenciones habría ocurrido en el caso de los mensajes entre el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera y la actriz Kate del Castillo, pues las fechas coinciden: los datos expuestos corresponden de septiembre 2015 a agosto de 2016 y dicho espionaje ocurrió a finales del mes de septiembre, en octubre y noviembre del año pasado. Los mensajes fueron filtrados al diario Milenio tiempo después, tras la recaptura del capo.
Sin embargo, el PAN olvidó preguntar cuántas intervenciones realizó la PGR en el mismo periodo de tiempo, por lo que no existen estadísticas sobre ello.
De acuerdo con El Universal, el año pasado la PGR hizo mil 645 solicitudes para interceptar comunicaciones telefónicas y electrónicas, de las cuales, 929 le fueron autorizadas. También de acuerdo al mismo reporte del periodista Juan Omar Fierro, “el uso de la intervención de comunicaciones se disparó durante la actual administración”. Prueba de ello es que en 2009, la PGR solicitó intervenir una comunicación sólo en 29 ocasiones, de las cuales le autorizaron ocho y dos se libraron de forma parcial.
Tal aumento se puede constatar en una respuesta a una solicitud de información a la PGR, donde indica que el Ministerio Público Federal ha realizado 803 intervenciones de comunicaciones privadas durante 2014 y hasta marzo de 2015, es decir, un promedio de 53 al mes. En cambio en el más reciente informe donde sólo se incluye al Cisen y a la PF, el promedio de intervenciones es de 74 al mes. Al menos dos cada día sólo por parte de esas dos dependencias.
La Presidencia aclaró a los diputados que las autorizaciones para intervenir una comunicación “en ningún otro caso (que no sea de Seguridad Nacional), podrá autorizarse”.
“Los resultados generales de las acciones derivadas de las intervenciones de comunicaciones, están íntimamente vinculados a contener las amenazas y riesgos a la Seguridad Nacional, mismos que el CISEN tiene el deber jurídico de mantener como reservados”, apuntó.
La información obtenida, añadió, “debe clasificarse invariablemente como reservada, incluyendo las estadísticas, que se vincule con el procedimiento de solicitud de autorización o resulte de las intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas”.
Y puntualizó que “en los casos que se detectaron hechos que podrían considerarse elementos constitutivos de algún delito, se dio vista al Ministerio Público”.
A estos datos falta incluir otra dependencia que también puede intervenir comunicaciones privadas: la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sobre este tema, a inicios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) deberá informar a la organización Red de Derechos Digitales (R3D) cuántas personas y dispositivos electrónicos espió en el año 2014, por considerar que dicha información no vulnera la seguridad del Estado mexicano.
FUENTE: aristeguinoticias.com