El Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo realizó una sesión informativa con la Contraloría Legislativa a fin de actualizar sus actividades, principalmente de “vigilancia y en su defecto sanción de los sujetos que manejen recursos económicos concertados o convenidos con el estado, la federación o los municipios”, después de la cual acordaron realizar reuniones constantes para dar seguimiento a sus actividades.
Al iniciar la reunión, el presidente de este Comité, diputado Arturo Piña García (PRD), consideró necesario contar con la certeza de que quienes realicen este tipo de actividades rijan su conducta bajo los principios éticos del servicio público, y se alejen de actos u omisiones que originen responsabilidad administrativa en los términos de la ley.
Además, de que asuman una responsabilidad solidaria con los responsables directos y sus subsidiarios en su carácter de servidores públicos, y que en tal virtud queden obligados al pago de daños y perjuicios que se causen a la hacienda del Estado de México, al patrimonio de los organismos auxiliares y de fideicomisos públicos.
En su oportunidad, Mario Salcedo González, coordinador parlamentario de Encuentro Social, apuntó lo relevante que resulta para la sociedad, los gobiernos y la población en general conocer a los contratistas que incumplen con las autoridades, por lo que además de reconocer el boletín de la contraloría en el que se enlistan, se pronunció ampliar su difusión.
Por su parte, la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) consultó el tipo de comunicación que tiene la contraloría con sus pares municipales, las acciones contra irregularidades frecuentes a ese nivel y la respuesta del contralor ante presiones de los sujetos que vigila.
El diputado Francisco Javier Fernández Clamont (PRI) llamó la atención sobre la nueva etapa que se abre en el país como resultado de la entrada en vigor del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la llamada Ley 3 de 3, y preguntó a Barrios Dávalos hacia dónde vamos en la materia y cuál será el papel de la dependencia que dirige.
En su momento, el legislador Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano) ofreció al contralor apoyo en su labor y lo consultó sobre las opciones de la población para acceder a la información que posee esta dependencia, así como su preocupación sobre el probable fraccionamiento ilegal de terrenos en Chalco.
Durante su exposición, el contralor legislativo reportó que en el primer año de la 59 Legislatura mexiquense se han radicado 373 expedientes por diversos procedimientos administrativos y se han remitido 236 proyectos resolutivos a la Junta de Coordinación Política, además de que ha recibido mil 851 manifestaciones de bienes de los servidores públicos obligados.
En presencia también de los legisladores Sergio Mendiola Sánchez, coordinador parlamentario del PAN; María de Lourdes Montiel Paredes y Roberto Sánchez Campos, ambos del PRI, así como de Tassio Benjamín Ramírez Hernández (Verde Ecologista), explicó las funciones y estructura orgánica de esta dependencia legislativa.
Informó también que en este año, cuando se cumplen más de 25 años de la creación de esta dependencia, se han integrado mil 375 expedientes sobre diversos procedimientos, de los cuales hay 442 en trámite y acordados 933. Se han desahogado mil 336 audiencias y establecido 67 sanciones económicas, mientras que en el rubro de auditorías internas, se han efectuado 10 financieras y cuatro de obra, además de que se ha dado seguimiento a 24 y a 130 reuniones de comités de adquisiciones.