Al darse a conocer las recomendaciones del Consejo Consultivo de Valoración Salarial (CCVS) para servidores públicos municipales, el diputado Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LIX Legislatura estatal, exhortó respetuosamente a los 125 ayuntamientos a que se apeguen a estos criterios técnicos para definir las remuneraciones de sus integrantes conforme a los principios de equidad, responsabilidad y proporcionalidad.
En conferencia de prensa con el presidente y el secretario técnico del CCVS, Alejandro Barrera Villar y Eladio Valero Rodríguez, respectivamente, subrayó que las recomendaciones contribuyen a eliminar la discrecionalidad en la asignación de sueldos, por lo que propondrá a los miembros de la Jucopo que hagan un llamado a los ediles de los partidos políticos que cada uno representa para que sigan dichas recomendaciones.
El legislador recordó que la integración del Consejo Consultivo fue aprobada de manera unánime por los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PAN, Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PVEM y PT de la LIX Legislatura, el 1 de octubre pasado, como resultado de un amplio proceso de selección.
En su momento, Alejandro Barrera, también rector de la Universidad del Valle de Toluca, explicó que las recomendaciones se basan en un modelo matemático diseñado por especialistas, el cual considera seis variables:
1.- Población de cada municipio.
2.- Presupuesto disponible.
3.- Costo promedio de vida.
4.- Grado de marginalidad.
5.- Productividad de los servicios públicos del municipio.
6.- Eficiencia recaudatoria de la administración municipal.
Detalló que con estas variables se definen los salarios brutos recomendados, que incluyen el sueldo neto, deducciones fiscales y de seguridad social, entre otros conceptos, lo que ocasiona una disminución considerable en dichas percepciones.
Por su parte, Eladio Valero informó que las recomendaciones se presentan en niveles máximos:
A) 64 mil 704 pesos
B) 74 mil 53 pesos
C) 92 mil 752 pesos
D) 130 mil 149 pesos
E) 167 mil 546 pesos
Como ejemplos, citó los casos de Almoloya del Río, que se encuentra en el nivel A; Amatepec, en el B; Chalco en el C; Chimalhuacán en el D y Ecatepec en el E.Recordó que el CCVS es un órgano ciudadano que solo emite estas recomendaciones, de tal modo que no le corresponde vigilar o fiscalizar su cumplimiento. Estas recomendaciones también se darán a conocer este jueves en sesión de la Diputación Permanente, para su posterior publicación en la Gaceta del Gobierno.
Por otro lado, el diputado Cruz Roa dio a conocer un programa de disciplina presupuestaria del Poder Legislativo mexiquense, con el que se pretende alcanzar un ahorro de 12 millones de pesos al mes, que se destinarían al fortalecimiento del Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría interna.
En presencia del secretario de Administración y Finanzas, Pablo Díaz Gómez; del secretario de Asuntos Parlamentarios, Javier Domínguez Morales, y del director general de Comunicación Social del Poder Legislativo, Horacio Morales Luna, señaló que la situación económica mundial obliga a la racionalización presupuestal y atiende el sentir de la sociedad que pide un gasto moderado, apegado a la ley y que dé los mejores resultados posibles.
Estas medidas, aplicables a diputados, servidores públicos generales y de confianza, fueron acordadas por los integrantes de la Jucopo, por lo que a ellos hizo un reconocimiento abierto por continuar construyendo acuerdos.
Después de señalar que se reducen al mínimo indispensable las autorizaciones para la asistencia a congresos, pago de viáticos y viajes a los diputados, informó que en cinco meses de gestión no ha sido autorizado ningún viaje nacional o internacional pagado con cargo al presupuesto a diputados, además de que no se han adquirido vehículos nuevos para legisladores y se reducirá al mínimo indispensable la contratación de servidores públicos.
También se contará, por primera vez, con la intervención del Testigo Social en los procesos de licitación pública, los diputados y titulares de las dependencias y unidades administrativas harán uso de tecnologías de la información para el envío de la correspondencia interna y se reducirá el servicio de fotocopiado y la contratación de servicio de telefonía celular por parte de los diputados y los servidores públicos, entre otras medidas.
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