Estados Unidos vuelve a amenazar con un recrudecimiento de su política migratoria. El fiscal general, Jeff Sessions, emitió este jueves una orden provisional para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados. Los magistrados solo podrán posponer los casos de deportación si presentan “una buena causa” –según explicó anteriormente el fiscal: cuando el inmigrante tenga posibilidades de permanecer en el país solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visado o permiso de trabajo–. El mandato interno de Sessions intenta desesperadamente reducir la acumulación de casos de deportación en los tribunales, que se han duplicado en la última década.
A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración de EE UU dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede intervenir. Sessions, un exsenador republicano nombrado por el presidente Donald Trump, ha sido inusualmente activo en esta práctica en comparación con sus predecesores. A él se le atribuyó la política de tolerancia cero que separó durante dos meses a los padres de sus hijos al cruzar sin papeles la frontera desde México y establecer un nuevo paquete de medidas contra la inmigración ilegal.
La orden provisional dictada a los jueces se dio a conocer el mismo día que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) anunció la incorporación de 23 nuevos jueces de inmigración, elevando el total a 351. Desde finales de enero de 2017, 82 jueces de inmigración han jurado y la EOIR prevé contratar al menos 75 más. «Contratar a más jueces de inmigración y reducir el tiempo que lleva contratar a un juez son dos elementos claves que reducen el número de casos pendientes en los tribunales de inmigración», sostuvo Sessions.
Sessions está buscando un tubo de escape al colapso que están viviendo los tribunales migratorios por el cúmulo de casos pendientes. Un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2017 mostró que el número de casos que se extienden de un año a otro se duplicó entre 2006 y 2015, principalmente porque se completan menos. «Conceder una extensión [del proceso de deportación] sin intentar determinar si está justificado elude la lógica, el sentido común y, lo que es más importante, la jurisprudencia”, argumentó este jueves el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley.
Stephen Kang, abogado del proyecto de derechos de inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó la orden de Sessions de «preocupante» y explicó a Reuters que una vez más «se ha movido en la dirección de restringir los derechos al debido proceso para las personas que se encuentran en procedimientos de deportación».
Kang afirmó que el fiscal general parece interpretar que los inmigrantes buscan más tiempo para preparar sus casos porque quieren «jugar con el sistema y evitar la deportación». Según el portavoz de ACLU, necesitan ese margen de maniobra para obtener abogados que garanticen y protejan sus derechos y permitan que sus casos “sean escuchados justamente”.
Con información: elpais.com